Ante el anuncio de diversas clínicas privadas de suspender el servicio tercerizado de hemodiálisis, debido a la deuda que mantendría EsSalud, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, exigió a la entidad garantizar la continuidad de dicho servicio. Ello con el fin de no afectar el derecho de acceso a la salud de cerca de 450 personas que se verían perjudicadas.
Durante la reunión se informó que EsSalud Piura no cuenta con la infraestructura médica necesaria para asumir el tratamiento de todos los pacientes con problemas renales. Por ello, tienen que tercerizar el servicio de hemodiálisis.
En ese sentido, el representante de la Defensoría del Pueblo pidió agilizar los trámites para la convocatoria a un nuevo proceso de contratación pública, que permita la participación del sector privado.
No obstante, Orrego solicitó que, en tanto demore este proceso, se garantice la prestación continua del servicio de hemodiálisis.
Deuda de EsSalud
EsSalud mantiene deudas por los meses de noviembre y diciembre correspondientes a los años 2022 y 2023 a la clínica San Juan Bosco (Sullana); y al Centro de Hemodiálisis del Norte (Piura). Se conoció que esta deuda podría conllevar a que ambos establecimientos privados dejen de brindar el servicio de hemodiálisis, no solo por incumplimiento de pago sino, además, porque a la fecha no contarían con un convenio vigente para la continuación de la prestación de dicho tratamiento.
Ante ello, Orrego precisó los alcances de la Ley 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, que establece que toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud, a obtener medicamentos y tratamientos adecuados y necesarios para restablecer su salud.
«Por ello, pedimos también que EsSalud Piura informe a los pacientes renales la situación actual y el compromiso de la entidad de asegurar la continuidad del servicio de hemodiálisis en la región», precisó.
