La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura hizo un llamado urgente para que los dos hospitales temporales de Sullana, a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), con una capacidad total de 200 camas para pacientes con COVID-19, sean puestos a disposición de la población de Sullana.
Tras una supervisión al hospital temporal ubicado en el anteriormente denominado Campo Ferial, infraestructura ejecutada por la ARCC, la oficina defensorial identificó que ya se encontraría listo para ser entregado a la Dirección Regional de Salud de Piura (Diresa) e iniciar inmediatamente funciones.
Esta infraestructura temporal hospitalaria cuenta con 100 camas, cada una equipada con concentradores de oxígeno para hospitalizar a pacientes leves. Además, con el fin de garantizar los servicios de energía eléctrica y agua, posee un grupo electrógeno y cinco tanques de 2000 litros cada uno.
Adicionalmente, en caso de ser necesario, se han contratado cisternas para asegurar el abastecimiento. Según la información recogida por la institución, la entrega estaba programada para el pasado jueves 27, pero por razones que se desconocen, no se concretó.
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Campeones del 36
Por otro lado, la oficina defensorial recorrió las instalaciones médicas del segundo hospital temporal para pacientes con COVID-19 de Sullana construido en el estadio Campeones del 36, que aún se encuentra a cargo del Pronis, y que no ha sido entregado debido a que falta concluir con la compra de un generador eléctrico. Este establecimiento tiene capacidad para 100 camas para pacientes leves y urge que entre en funcionamiento.
Al respecto, el representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, manifestó que, en este último lugar mencionado, se ha proyectado construir un módulo de atención para gestantes COVID-19 con capacidad para albergar una sala para cesáreas y una de partos naturales, la construcción estaría a cargo de la Diresa, en convenio con la Municipalidad Provincial de Sullana, y se ha proyectado que esté terminada en 20 días.
“El Estado no solo debe garantizar el derecho a la salud de la población, construyendo infraestructura y dotarla de equipos médicos. A este esfuerzo, se requiere adicionar la contratación de personal médico y asistencial, así como la adquisición de medicina, equipos de protección personal, insumos y toda la logística con la que se debe contar para una buena atención a los pacientes”, finalizó Orrego.
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