El pasado martes, el congresista de Renovación Popular (RP), Jorge Montoya, sustentó, ante la Comisión de Constitución del Parlamento, su iniciativa legislativa para que el Perú denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos y, con ello, se retire de las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Para la misma sesión, estaba agendada también la sustentación de otros dos proyectos de ley que proponen lo mismo. Estos pertenecen a los congresistas Segundo Montalvo (Perú Libre) y Wilson Soto (Acción Popular).
Además de estos tres proyectos, en mayo de este año, el legislador Ilich López (no agrupado) presentó una iniciativa legislativa que propone la salida del Perú de la referida convención, el cual se mantiene en la agenda de la Comisión de Relaciones Exteriores.
En suma, son 4 proyectos legislativos encaminados al retiro del país de las competencias de este organismo supranacional de derechos humanos, tal como en su momento lo hicieron países como Trinidad y Tobago, Venezuela y Nicaragua, que aún se encuentra en proceso.
Ante este panorama, Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el congresista José Cueto (RP) debatieron en RPP Noticias los pro y contra que podría representar esta medida para el Perú.
La abogada Jennie Dador indicó que ha revisado el proyecto de ley presentado por Jorge Montoya, el cual, según dijo, se sustenta en que «no es necesario permanecer» en la CIDH y Corte IDH porque «la justicia interna funciona en el Estado peruano».
«Lo importante es que la Corte IDH y la CIDH son subsidiarias a la justicia interna. Es decir, cualquier ciudadano y ciudadana puede acudir a esa vía como lo señala el artículo 205 de la Constitución que faculta (…) acudir a las instancias internacionales cuando no se encuentra justicia en el país», agregó.
Asimismo, ante el argumento de que las resoluciones de ambos organismos han sido desfavorables para el Estado peruano, Dador Tozzini remarcó la distinción entre Estado y los ciudadanos peruanos, quienes sí habrían tenido fallos favorables.
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