A sus 13 años, Paula (a quien llamaremos así para proteger su identidad) ha conocido la indiferencia y crueldad del sistema Judicial, del personal de Salud e incluso de su propio progenitor.
Un año antes, Paula cursaba el primer año de secundaria y sufría abuso sexual a manos de su padre en reiteradas ocasiones. En una de esas veces quedó embarazada. Todo empezó con vómitos y mareos, su madre la llevó al centro de salud de su localidad. Ahí le confirmaron que tenía casi 4 meses de embarazo. La noticia no sorprendió a su padre, por el contrario, se mostró muy tranquilo y decidió hacerse cargo de la manutención de Paula y la criatura.
El día del parto, el personal de salud que la atendió le reprochó su embarazo mientras ella gritaba de dolor. “Cuando abriste las piernas no te dolió”, fue una de las frases que Paula tuvo que soportar. Así como Paula, otras 46 niñas de 11 a 14 años han sido madres en Piura hasta el 13 de noviembre de este 2023, según el Registro de Nacidos Vivos del Perú.
De este total, Sullana es el distrito con mayor incidencia de casos (17 partos), seguido por Veintiséis de Octubre (9 casos) y Castilla (6 casos). Estos tres sectores reúnen el 70% del total de partos en niñas de 11 a 14 años en la región Piura. Otros distritos donde las niñas también dan a luz son Paita (4 casos), Chulucanas (3 casos) y Talara (2 casos).
Para la Mgtr. Ortelia Valladolid Bran, coordinadora del área de Incidencia y Desarrollo de Cutivalú, las causas de los partos en niñas son estructurales y multifactoriales. “Esto es parte de la construcción social como los estereotipos de género, lo cual se evidencia en las relaciones de poder dentro de la familia por ejemplo la dependencia económica de las mujeres en la crianza de las y los hijos”, señala Valladolid Bran.
La especialista también señala como causas la impunidad en casos de violencia sexual y el limitado acceso a la Educación Sexual Integral (ESI) en las instituciones educativas teniendo en cuenta el trinomio familia, escuela, comunidad.
Consecuencias de los partos en niñas
El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) indica que las consecuencias de un parto en niñas son a nivel psicológico, físico, social y económico. Entre ellas resaltan la destrucción del proyecto de vida, mayor riesgo de preclamsia, bebés de bajo peso al nacer, prematuridad, violencia de género y mano de obrar barata.
Otra de las consecuencias son los matrimonios infantiles arreglados. “En algunas zonas de Piura las familias casan a las niñas con hombres mucho mayores, así sean sus agresores sexuales. Son costumbres que violan los derechos humanos”, reconoce Berenice Adriano, secretaria técnica de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza Piura.
La ausencia de la educación sexual en Piura
Carlos Navarro, especialista de tutoría de la Dirección Regional de Educación, considera que la Educación Sexual Integral (ESI) debe implementarse desde los primeros años del colegio. “Implementar esta educación sexual en instituciones educativas les permitirá a las y los niños reconocer las partes de su cuerpo, sus órganos genitales y poder identificar situaciones de riesgo”, señala.
Todo ello nos lleva a preguntarnos si en el Perú se han elaborado la estrategia Nacional de ESI para su implementación en las aulas. La historia reciente evidencia como el primer conflicto álgido entre el Ministerio de Educación (Minedu) y el sector conservador del país ocurrió el 4 marzo del 2017, cuando el colectivo Con mis hijos no te metas (CMHNTM) impulsó una multitudinaria marcha a nivel nacional con el propósito de retirar del Currículo Nacional de ese año todo lo que podría interpretarse, según ellos, como «ideología de género».
En el caso de Paula, no solo no recibió educación sexual integral, sino que, tras su embarazo, dejó de asistir al colegio para criar a su hijo. El Certificado de Nacido Vivo también revela que de las 46 niñas que dieron a luz en este año, 8 no terminaron la primaria y ninguna culminó la secundaria. Veamos el siguiente gráfico:
El sistema penal frente a la violencia sexual
El Dr. Ernesto Rebaza, juez de Familia del Poder Judicial Piura, indica que de acuerdo con el Código Penal la pena privativa de la libertad para casos de violación sexual a menores de edad es de 15 años en adelante.
“Hay que considerar que las niñas menores de 14 años no pueden consentir relaciones sexuales. En el caso de las niñas mayores de 14 años es necesario valorar las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Respecto a las personas cómplices, estas son sancionadas por tratarse de omitir funciones de protección a la niñez”, precisa Rebaza.
En la historia de Paula y todos los casos de esta naturaleza, el personal de salud también juega un papel importante. Y es que el personal debió haber realizado el tamizaje y reportar el hecho de forma inmediata a las autoridades. “Cuando el personal de salud recibe un caso de embarazo o parto producto de violación sexual y más cuando se trata de una menor de edad, deben informarlo a la Policía o al Ministerio Público”. El personal que atendió a Paula pudo haber emitido este informe, ¿por qué no lo hizo?
La obligación de denunciar no recae solo en la familia de la víctima o en el centro de salud que la atiende, también en el colegio al que asiste. “El profesor o profesora o cualquier persona que identifica estas situaciones, también puede denunciar ante los operadores de justicia, de lo contrario se le puede sancionar al igual que con el personal médico”, señala Rebaza. En el caso de Paula, ni el centro de salud ni el colegio al que asistía hizo nada.
¿Qué hacer frente a la violencia sexual?
En este reportaje hemos profundizado en la situación de las niñas madres en Piura. Por ello es necesario acoger las siguientes propuestas. El obstetra Pablo Zacarías, coordinador de Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de La Diresa, recomienda capacitar al personal de salud para la atención especializada. Menciona que también es necesario que los establecimientos de salud cuenten con el kit de emergencia para víctimas de abuso sexual.
La Educación sexual tampoco tiene que ser un tema tabú, dice Zacarías, sino que se debe abordar de manera natural desde la familia. A esto, se le suma la necesidad de implementar políticas públicas para promocionar la salud mental en la población.
Por su parte, Ortelia Valladolid, recomienda que las sanciones para agresores y operadores de justicia que incumplen sus funciones sean más drásticas e implementar de forma obligatoria la estrategia nacional ESI. “Se torna necesario promocionar espacios seguros en la familia, escuela y en la comunidad para evitar que los derechos de nuestras niñas sean vulnerados”, dice. Y si hablamos de espacios sanos, la especialista también recomienda impulsar la educación en masculinidades democráticas.
Sin duda, el camino es largo y la tarea es de todas y todos, incluso de los medios de comunicación, quienes están llamados a visibilizar esta problemática y a jugar su rol educativo para evitar que historias como la de Paula se repitan.
