El pasado 8 y 9 de agosto se reunieron, en Belém do Pará, presidentes y representantes de ocho países, en cuyos territorios se extiende la Amazonía, para debatir y generar consensos en la lucha contra el cambio climático.
La reunión, impulsada por el mandatario de Brasil, país anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, pretendía ser un espacio para la creación de una agenda en común que pudiesen llevar a la conferencia mundial del cambio climático de las Naciones Unidas COP27, a realizarse en Dubai en noviembre de este año.
Esta cumbre, que reunió a los presidentes de Brasil, Perú, Colombia y Bolivia, y representantes de Venezuela, Ecuador, Guyana y Surinam, se desarrolló en un momento crucial de la crisis ambiental por los aumentos de temperatura que han propiciado uno de los inviernos más calientes en la historia de Sudamérica y grandes incendios en Centro y Norteamérica, Europa y África.
Pero, lejos de las expectativas de los pueblos indígenas y ambientalistas, la Declaración de Belém resaltó por la falta de compromisos concretos para detener la expansión de la frontera de petróleo y gas. Asimismo, por no contemplar un consenso sobre la propuesta para lograr cero deforestación para el 2030, ni abordar el pedido de proteger el 80 % de la Amazonía al 2025.
Los participantes también firmaron un comunicado denominado “Unidos por Nuestros Bosques”, con diez puntos en los que reconocen la contribución de los pueblos indígenas en la conservación de la Amazonía y expresan su preocupación por el incumplimiento de acuerdos de los países desarrollados para la mitigación y financiación climática.
Una declaración incompleta
Una de las propuestas que resalta en la Declaración de Belém, firmada el 8 de agosto, es sobre la creación de un Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía con el fin de contrarrestar la creciente ola de crimen organizado y actividades ilegales, sobre todo en las zonas de frontera.
En la declaración de 113 puntos distribuidos en 18 ejes temáticos, que incluyen cambio climático, protección de los bosques, cooperación entre países en la lucha contra las actividades ilícitas, economía para el desarrollo sostenible y derechos humanos, resalta la intención de atender la inclusión de los pueblos indígenas en el desarrollo sostenible de la cuenca amazónica y el impulso de esfuerzos científicos a nivel regional enfocados en la conservación del ambiente.
Sin embargo, los grandes ausentes en este documento son los acuerdos para detener la expansión de la frontera de petróleo en la Amazonía, propuesta presentada por Gustavo Petro, presidente de Colombia, y tema también discutido en los días previos a la cumbre, pero que finalmente quedó fuera del documento.
Quedaron fuera también los compromisos relacionados a atender los pedidos de organizaciones ambientalistas e indígenas para frenar proyectos hidroeléctricos y minería. El presidente de Brasil, uno de los líderes que intentaba posicionar a la vanguardia ambiental, criticó estas omisiones
El director del Programa Unidos por los Bosques, Mariano Castro Sánchez, indicó que el encuentro de las naciones suramericanas permite hacer un reimpulso de oportunidades para la cooperación amazónica y atender los problemas como el respeto e inclusión de los pueblos indígenas en el desarrollo del país y la creación de esfuerzos científicos regionales para la conservación del ambiente.
“La propuesta que ha presentado el gobierno peruano y el conjunto de delegados y sociedad civil, ha estado enfocado en enfrentar los principales problemas que están en el Perú en la amazonia y que son compartidos, dentro de ellos están; extrema problema, pobreza, deforestación y la carencia vigente de derechos”, dijo Sánchez.
El ex ministro sostuvo que el problema central del país, se debe a la extrema pobreza que se ve reflejada en los altos índices de anemia infantil con un 43% a nivel nacional y en las regiones de la Amazonía bordea el 60%, que afecta al país. Además, la deforestación que en los últimos 10 años ha tenido un mayor incremento en las actividades ilegales siendo producto de la minería ilegal, tala ilegal, tráficos de madera, cultivos ilegales de coca y las invasiones de tierras o el tráfico de las mismas para camíbar bosques por zonas de cultivo.
“18 temas se trataron en la cumbre, que tienen que ver ciudades amazónicas, parlamento amazónico, ciencias e innovación, cambio climático, salud, protección de bosques, infraestructura sostenible, economía para el desarrollo sostenible, protección de bosques, derechos humanos, y reconocimiento de cultura amazónica, entre otras”, manifestó el ex ministro.
Vale recordar, que durante la cumbre se llegaron a varios acuerdos para fortalecer a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) una organización creada en el 1995 a partir de un tratado firmado a fines de los años setenta que reúne a las ocho naciones amazónicas, pero no se logró cumplir las expectativas de las principales organizaciones indígenas.
Por otro lado, la Declaración de Belém, firmada el 8 de agosto por los líderes de los ocho países, plantea la intención de atender problemas como el respeto e inclusión de pueblos indígenas en el desarrollo sostenible de la región y la creación de esfuerzos científicos regionales para la conservación del ambiente.
De igual forma, uno de los hitos de la cumbre de dos días fue el llamado “a los países desarrollados a cumplir con sus obligaciones de proporcionar y movilizar apoyo” hacia los países en desarrollo para la conservación del ambiente, incluyendo movilizar 100 mil millones de dólares anuales en financiamiento climático.
Los países también firmaron un comunicado corto de 10 puntos titulado “Unidos por Nuestros Bosques”, donde los mandatarios fueron más contundentes al expresar su “preocupación” por el “incumplimiento por parte de los países desarrollados” de acuerdos internacionales –como el Acuerdo de Kunming Montreal y el Acuerdo de París– para la mitigación de emisiones de carbono y la contribución de 200.000 millones de dólares al año de financiamiento ambiental para el 2030.
Para combatir el crimen organizado, una de las mayores preocupaciones de las comunidades amazónicas y activistas ambientales, el acuerdo propone crear un Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía, con sede en la ciudad brasileña de Manaos.
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