El ex congresista Jhony Peralta Cruz considera que existe interés por parte del gobernador regional, Reynaldo Hilbck Guzmán, para que la empresa Camargo Correa nuevamente se haga cargo del saldo del primer componente del proyecto Alto Piura.
Peralta Cruz señaló que existe un interés para que la empresa Camargo Correa a pesar de todos los daños y perjuicios que ha originado al Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura se le intente dar esta importante obra.
Por otro lado dijo que hay un antecedente negativo de la UNOPS cuando en la primera licitación del año 2010, le adjudicó la obra a Camargo Correa sin tener expediente técnico.
Cómo una empresa seria puede hacer un concurso, adjudicar una obra y firmar un contrato sin expediente técnico, cuando se sabía que sin expediente técnico la obra iba a tener problemas, remarcó Peralta Cruz.
“El Consejo Regional debió incluir una cláusula en el convenio con la UNOPS para evitar que participen empresas que tengan malos antecedentes con obras del Gobierno Regional y que mantengan litigios pendientes con esta entidad”, expresó Jhony Peralta.
Peralta Cruz cuestionó la firma del convenio con la UNOPS sin haber modificado ni una coma cuando el Consejo Regional en base al mal antecedente de Camargo Correa ha debido poner una clausula en donde se manifiesta que no debe participar ninguna empresa que tenga malos antecedentes con obras del Gobierno Regional y que tenga litigios pendientes.
NIEGA FAVORECIMIENTO
El gobernador regional Reynaldo Hilbck rechazó cualquier cuestionamiento que indicaría que tendría algún interés para que la empresa Camargo Correa ejecute el saldo del primer componente del proyecto alto Piura.
Dijo que nunca antes ha habido un proceso de licitación pública transparente con mucha participación y con veedores de la Contraloría y del Consejo Regional. Lo que significa que el proceso se realiza de una manera correcta, precisó en Cutivalú el gobernador regional.
Reynaldo Hilbck reconoció que la empresa Camargo Correa aún mantiene un arbitraje con el Gobierno Regional. Sin embargo, esta controversia no impide a la empresa para participar en esta licitación pública, dijo en Cutivalú la autoridad regional.
“Yo no puedo emitir opiniones sobre el proceso. Soy una persona que me tengo que llevar por la legalidad que me indica que no hay ningún impedimento para que la empresa que tenga algún arbitraje pueda participar en alguna licitación”, así se expresó Reynaldo Hilbck
MILLONARIO ARBITRAJE
Otra de las personas que se mostró en contra de que la empresa brasileña, Camargo Correa vuelva a ejecutar las obras del Alto Piura fue el ex procurador del Gobierno Regional en temas arbitral, Fausto Soberón Muñóz. Señaló que “no podemos permitir que una empresa que nos debe dinero participe en una licitación tan importante como la del Alto Piura”.
Dijo que el consejo controlador y fiscalizador debe salir a decir que esta empresa, Camargo Correa, no puede participar porque mantiene un proceso arbitral con el gobierno regional.
Fausto Soberón argumentó que en su momento, todos los integrantes de la procuraduría bajo su cargo, el gerente Alberto Joo y abogados e ingenieros del Alto Piura estudiaron y analizaron todos los arbitrajes que ha hecho la empresa brasileña y llegaron a la conclusión que no es cierto lo que dice Camargo Correa. Son ellos los que nos deben 75 millones de soles, no el Gobierno Regional, por lo tanto está descalificada para participar en esta licitación.
Soberón Muñoz hizo un llamado al Consejo Regional para que ponga ojos en el arbitraje que se tiene con Camargo y Correa. Porque si se pierde, encima, el Gobierno Regional le va a tener que pagar 130 millones de soles.
Asimismo dijo que le llama la atención que nadie informa y el mismo Consejo Regional no pide información sobre este arbitraje.
DÉBIL NORMATIVIDAD
“Qué tipo de ordenamiento legal tenemos en el Perú que permite que la empresa Camargo Correa que ha dado lugar a que el sueño del alto Piura hasta hoy no se haga realidad, esté postulando nuevamente para hacerse cargo de la obra”, se preguntó el ex senador Andrés Luna Vargas.
Dijo que los congresistas de la República tienen plenas facultades fiscalizadoras y por ende el primerísimo lugar de empezar a actuar con la celeridad del caso.
Los congresistas son quienes deben “formular propuestas de nuevas normas para que presentado este tipo de casos la legislación peruana no tenga este tipo de rendijas para que quienes nos han hecho daño nuevamente se presenten a postular supuestamente para continuar con las obras que están programadas”. Señaló Andrés Luna Vargas.
Para que haya un respaldo y desde la sociedad civil las diferentes representaciones también se sumen a esta alerta para que no se permita a una empresa que ha termina haciéndonos daño esté participando en igualdad de condiciones con otras.
