Cifuentes, la política española que obtuvo un máster con notas falsificadas

Se matriculó y le quedaron dos asignaturas pendientes , pero sus notas cambiaron de "No Presentado" a "Notable".

El escándalo del máster ha puesto en jaque al PP y a la Universidad Rey Juan Carlos. (Foto: David Castro / El Periódico)

Cristina Cifuentes Cuencas es una política española del Partido Popular (PP) y presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid desde el 2015. Recientemente eldiario.es reveló que obtuvo un máster con notas falsificadas.

Resulta que, en su web, Cifuentes presume de tener cursados dos máster, uno de ellos «en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos». Sin embargo, a la entonces delegada de Gobierno en Madrid le cambiaron la nota de «No presentado» a «Notable» dos años después de matricularse y sin mediar nueva matrícula.

Lo hizo una funcionaria que no trabajaba en el servicio de posgrado ni siquiera en el mismo campus donde se impartía. Tras ofrecer explicaciones vagas, la universidad alegó que se trató de una mala transcripción de las calificaciones reales.

Cifuentes se matriculó en el máster en el curso 2011-2012 y pagó los correspondientes 1.586,39 euros. Según su expediente de notas, aprobó todo ese mismo curso. Sin embargo, el sistema de gestión de alumnos de la URJC revela que en 2011-12 aparecían como «No presentado» o «-«, que es lo mismo, dos materias: ‘La financiación de las comunidades autónomas’ y el ‘Trabajo Fin de Máster’.

Cifuentes ha dicho que no dimitirá de la presidencia de la Comunidad de Madrid.

En 2014, dos años después de la matrícula oficial, la funcionaria Amalia Calonge entra en el sistema informático y cambia la nota de «No presentado» a sendos notables, concretamente 7,5, dejando rastro en el sistema.

Días después de sus notables, Cifuentes paga el título y cuando va a recogerlo se hace una sonriente foto con la funcionaria Calonge. Las dos asignaturas suman 27 créditos (24 el trabajo y 3 créditos la asignatura) de un total de 60 que tiene el máster, es decir, suponen casi la mitad del posgrado.

En el registro se ve que Calonge cambia en el 2014 las notas del 2011. En la columna de la izquierda se ve que la modificación es para las calificaciones del año académico 2011-12. Ni la universidad, ni la funcionaria ni el profesor han explicado por qué.

Curiosamente, fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid confirman que, efectivamente, se dejó «2 o 3 asignaturas» como dice el sistema interno, pero que las aprobó en 2014, aunque no explican por qué entonces sus notas del expediente académico oficial dicen que las aprobó todas en 2011-12.

La única manera en la que podría ser factible que Cifuentes apruebe dos años después, como ella defiende, es si se hubiera matriculado de nuevo, como marca la ley, pero según el historial de Cifuentes en el registro de administración de la URJC, no se matriculó de nada ese año.

El PP ha respaldado la defensa de Cifuentes.

 

El único pago que aparece en 2014 de la alumna Cristina Cifuentes son 176,27 euros, lo que cuesta retirar el título, un pago que hizo 15 días después de esos ‘notables fantasma’.

Preguntadas por cómo sacó dos notables en 2014 sin mediar matrícula, fuentes de Presidencia se aferran a que las abonó y que aprobó ese año lo que le faltaba: «Pagó para volverse a presentar, debe de haber un error». Pero lo cierto es que no hay ningún registro de pago de matrículas o examen en 2014 por parte de Cifuentes. Todo lo aprobó y pagó en el curso 2011-2012.

José María Álvarez Monzonzillo, vicerrector de tercer grado de la URJC, al ser cuestionado, se mostró sorprendido respecto al cambio de notas: «No sé ni quién es Amalia Calonge. Si no es profesora no lo puede cambiar». Aunque en una llamada posterior matiza que hace unos años una funcionaria de otro campus sí podía cambiar notas, y que por eso puede aparecer cambiado por ella.

Si se confirma que ha habido un cambio de expediente ilegal, podríamos estar ante una presunta falsificación en documento público, regulada por el artículo 390 del código penal español y que prevé penas de 3 a 6 años de cárcel para el funcionario que la cometa.