Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el contralor general Nelson Shack reveló que en lo que va del año se han iniciado 89 procesos judiciales, impulsados por la Procuraduría Pública de la Contraloría, a partir de los servicios de control realizados por la institución y que involucran a más de 630 funcionarios públicos.
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En el marco de dichos procesos judiciales, el monto involucrado en los servicios de control que sirvieron de base para iniciarlos asciende a S/ 355 millones, de los cuales S/ 282 millones corresponden a procesos penales y S/ 73 millones a procesos civiles.
Entre enero y agosto del 2019, la Contraloría ha concluido un total de 12,887 servicios de control, de los cuales 11,666 corresponden a control simultáneo, 1,164 a control posterior y 57 a control previo.
Ante el Congreso, Nelson Shack señaló la necesidad de que los parlamentarios aprueben el proyecto de Ley N° 3574 que, entre otros aspectos, amplía el modelo de control concurrente para las obras con una inversión superior a los S/ 100 millones, a nivel nacional, que ha demostrado tener un efecto positivo y fundamental en la prevención de la corrupción porque alerta al gestor público deficiencias o riesgos en la ejecución de una obra o servicio con el fin de que mitigue o corrija los hechos advertidos. Actualmente, solo se aplica en la Reconstrucción con Cambios y se ejecutó en los Juegos Panamericanos.
Impedimento para sancionar
Respecto a la responsabilidad administrativa, enfatizó que actualmente no es posible aplicar sanciones administrativas debido al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió desde abril de este año la capacidad sancionadora de la Contraloría General, por lo que solicitó prioridad en la aprobación del proyecto de Ley N° 4267 que la restituye. Esta situación ha generado que quedan en la impunidad casos que involucran a más de 15,000 funcionarios públicos, en quienes se ha propuesto responsabilidad administrativa por hechos en materia de inconducta funcional, además de responsabilidad civil y penal por corrupción.
También consideró importantes otras iniciativas legislativas referidas a fortalecer el control gubernamental sobre las inversiones ejecutadas bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (P.L. N° 3928) y el referido a la reactivación de los proyectos de inversión de infraestructura u obras paralizadas (P.L. N° 3995), entre otros.
