De acuerdo al informe Inconducta Funcional y Corrupción (INCO 2022), que presentó la Contraloría General de la República, como parte del análisis realizado el año anterior a 2 mil 815 instituciones públicas, el Gobierno Regional de Piura ocupa el segundo puesto en corrupción. En tanto, la provincia de Piura ocupa el tercer puesto en corrupción con un 54% en inconducta funcional y 78% en corrupción.
Fueron cerca de 200 instituciones del Estado que registraron altos niveles de corrupción, según este informe, donde el 23,7 % de las instituciones corruptas pertenecen al gobierno nacional; el 38,4 % corresponden al nivel del gobierno regional; y el 37.9% son del gobierno local.
El contralor general, Nelson Shack, explicó que las entidades de los sectores Transportes, Educación, Salud, Vivienda e Interior, presentan los mayores niveles de corrupción.
“El 15% de las entidades evaluadas, están por encima de los 50 puntos, de los cuales, 198 presentan puntajes altos y muy altos. Los principales sectores, ya los conocemos. Transportes, Educación, Salud, Vivienda e Interior, alcanzaron puntajes altos y muy altos”, detalló el representante del máximo órgano de control.
Asimismo, cuestionó las contrataciones directas de menos de 8 UIT, los fraccionamientos y la contratación de consultores, que constantemente realizan las instituciones públicas, utilizando millones de soles de las arcas del Estado.
“Las contrataciones a dedo, de menos de 8 UIT, son a dedo porque no hay competencia, no hay transparencia, no hay pluralidad. ¿Saben cuánta plata se gastó en el año 2022 en contrataciones de ese tipo? Dieciocho mil 550 millones de soles. En el año 2022, son 8 mil 441 consultores que se han gastado en eso [consultoría] más de 123 millones de soles, donde el 90% de su trabajo en las consultorías, han estado fuera del país”, expuso Nelson Shack.
Frente a este enorme problema de corrupción e inconducta funcional, el contralor general sostuvo que los funcionarios corruptos deben ser retirados de la administración pública, y ser sancionados por los distintos entes de justicia.
“Si estos funcionarios no son retirados de la administración pública, el efecto va a ser bastante pequeño. Es necesario fortalecer las capacidades de sanción del Estado, desde los sistemas disciplinarios internos de las entidades y desde la Procuraduría, la Fiscalía, el Poder Judicial”, manifestó el contralor.
Este análisis cubre todas las instituciones del gobierno, interoperando más de 35 bases de datos, como Servir, el MEF, el OSCE, entre otros, logrando analizar más de 2185 instituciones. Actualmente, se está haciendo control concurrente a más de mil 200 obras a nivel nacional, simultáneamente, así como mecanismos de participación ciudadana.
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