La Contraloría General identificó irregularidades en la aprobación de expedientes técnicos de obra y adicional sin los estudios necesarios y pagos por trabajos deficientes en la obra de ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de Ayabaca que han ocasionado un perjuicio económico de más de S/ 4 millones, por lo que recomendó el inicio de acciones legales y administrativas contras tres exfuncionarios de la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 29310-2021-CG/GRPI-AC, la comisión de control determinó tres observaciones luego de evaluar el periodo del 2 de enero de 2017 al 1 de junio de 2021, desde el trámite para la aprobación del expediente técnico, suscripción del contrato, documentación de las valorizaciones, así como visita de inspección física a la obra.
Los auditores determinaron que la aprobación del expediente técnico se dio sin contar con estudios de ingeniería básicos necesarios, como estudios geológicos y geotécnicos para los diseños de cimentación de las diferentes unidades en las plantas de tratamiento y de estabilización de suelos y taludes, lo que conllevó a la construcción de infraestructura en zonas inestables con presencia de deslizamientos y asentamientos, ocasionando un perjuicio económico en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 1 por 3 millones 148 mil 181,97 soles y poniendo en peligro a la segunda planta.
A este perjuicio se sumó otro referido a la aprobación de expediente técnico de la prestación adicional n.° 01, sin contar con los estudios necesarios de sustento para la ejecución de medidas de prevención contra los deslizamientos. Este hecho originó la construcción de unas banquetas (estructuras) de protección, las cuales colapsaron y causaron una pérdida de S/ 828 635,45.
Asimismo, se valorizó y pagó (S/ 168 716,87) trabajos por renovación y reposición de losas de concreto en las redes de agua potable y alcantarillado, que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico, generando la afectación de su calidad y durabilidad, y con ello su vida útil. De esta manera, el perjuicio económico alcanza los S/ 4 145 534,29.
El informe fue comunicado a la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna, unidad ejecutora del Gobierno Regional de Piura, para el deslinde de responsabilidad administrativa de las personas involucradas en las áreas de Estudios y Proyectos, División de Obras e Infraestructura. También será enviado a la Procuraduría Pública de la Contraloría para el inicio de las acciones civiles contra los exfuncionarios.
Cabe resaltar que este servicio de control fue incluido en el Megaoperativo de Control de Piura, realizado entre julio a diciembre de 2021. El propio contralor Nelson Shack recibió esta preocupación por parte de vecinos y dirigentes luego de una visita a esta provincia en el marco de sus jornadas de despacho y supervisión.
Además, se esperan acciones por parte de la entidad regional respecto a otras recomendaciones formuladas, toda vez que los trabajos se encuentran actualmente paralizados y resuelto el contrato.
Por su parte, Cutivalú conversó sobre esta problemática con los pobladores ayabaquinos durante una visita de campo realizada en setiembre de 2021. El representante del Colectivo por el agua, la salud y la vida de Ayabaca, Máximo Rojas Julca, señaló que hasta ese entonces lo único que se había construído era la toma de captación de agua y de bombeo, los 3 PTAR, algunos buzones y la instalación de agua y desagüe en unas calles de la ciudad.
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Asimismo el dirigente social ayabaquino sostuvo que tras años de espera de esta ansiada obra de agua potable y saneamiento que les permita contar con el servicio las 24 horas, la población teme que se repita la historia como otras obras que han sido abandonadas. “La mayoría de los ayabaquinos estamos indignados y apenados porque hemos tenido un presupuesto de tanta envergadura para permitir que nuestra ciudad se desarrolle y no se ha hecho, eso está en riesgo ahora”, enfatizó.
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Datos
En el año 2018, la entidad firmó el contrato para la ejecución de obra por S/ 39 492 454,59 y un plazo de ejecución de 365 días calendario. Tres años después rescindió el contrato por la causal de retraso injustificado. La última fecha de término fue el 6 de diciembre de 2020.
Durante la auditoría también se identificaron deficiencias en el control interno, como demora en el trámite de aprobación del adicional y deductivo vinculante de obra y falta de documentos originales respecto al sustento de los pagos.
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