Un informe de control simultáneo de la Contraloría General de la República, publicado el 8 de noviembre, revela prácticas cuestiones en las contrataciones de personal en el Ejecutivo peruano. Según el documento, el Despacho Presidencial estaría utilizando resoluciones derogadas por la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), lo que podría afectar el normal desarrollo de las convocatorias y vulnerar los principios de contratación de personal.
La Contraloría identificó que en los procesos CAS N° 011-2023-DP y CAS N° 012-2023-DP, destinados a contratar a un especialista de presupuesto y un médico ocupacional, respectivamente, se emplearon resoluciones derogadas. Además, se utilizó un formato de perfil de puesto incluido en la Guía Metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas, publicada en diciembre de 2019.
Se señala también que el Despacho Presidencial consigna un cuadro de factores de evaluación y subfactores que podría afectar el principio de idoneidad y mérito en las evaluaciones. Este informe plantea preocupaciones sobre la transparencia y legalidad en los procesos de contratación gubernamental.
