Después de cuatro meses de la emergencia nacional por la covid, la Contraloría General detectó deficiencias sanitarias para atender casos de COVID-19 en el penal de Piura, ex Río Seco.
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De acuerdo al informe de Control N° 5660-2020-CG/GRPI-SVC, los ambientes acondicionados para la atención de internos contagiados con coronavirus no cuentan con el equipamiento mínimo requerido, lo que genera el riesgo de complicaciones en su salud. Algo que denunciaron los familiares de los internos desde el inicio de la emergencia.
Durante la inspección, la Contraloría verificó que el área médica del penal no cuenta con camilla fija, balanza con tallímetro digital adulto y lámpara de diagnóstico. Tampoco encontró un monitor de funciones vitales en el ambiente de hospitalización temporal ni ventilador volumétrico en el área de cuidados críticos temporal.
También constató que los ambientes de hospitalización temporal y de cuidados críticos no se encuentran diferenciados, por ello los internos comparten la misma área, incumpliendo la normativa del Ministerio de Salud.
Además, la Contraloría halló basura acumulada por más de tres meses en el centro médico del penal, debido a que la empresa no los había recogido desde el inicio de la cuarentena. Esta situación expone a la población penitenciaria y a los propios trabajadores a contraer cualquier tipo de enfermedades.
Asimismo, los dos vehículos para trasladar a pacientes del penal no posee equipamiento, medicamentos e insumos para asistirlo durante la emergencia.
La Contraloría le recomienda a la Oficina Regional Norte Chiclayo del Instituto Nacional Penitenciario, encargada de administrar este penal, solucionar estas serias deficiencias para salvaguardar la salud de los internos y los trabajadores.
