Los cuestionamientos a la Municipalidad provincial de Piura continúan por la elección del Consorcio Protección Marinapecu para la construcción de las defensas ribereñas del bajo Piura, a pesar de los cuestionamientos que recaen sobre las empresas que lo integran.
Al reclamo de los dirigentes del Bajo Piura por el temor que el consorcio paralice, abandone, o inicie arbitrajes como ocurrió en otras obras a su cargo, esta vez se conoció que la Contraloría General de la República le había advertido al municipio serios riesgos en el proceso de licitación.
Cutivalú accedió al informe de hito de control N° 6388-2020 CG/GRPI-SCC, a través del cual el 15 de julio de 2020 la Contraloría advirtió dos situaciones adversas, puntualmente en las bases elaboradas por el comité de Selección. Por ello recomendaban al alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, implementar acciones correctivas y preventivas para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados en el proceso.
Sin embargo, los miembros titulares del comité, Lenin Talledo Peña, Pool Sosa Sánchez y Eliseo Ticliahuanca Campoverde, ya habían entregado la buena pro al Consorcio Protección Marinapecu el martes 14 de de julio.
El control se realizó entre el 9 de julio y 13 de julio y los hallazgos fueron notificados a la comuna de Piura el 15 de julio a través de un oficio. Las situaciones adversas son las siguientes:
- Las bases elaboradas por el comité de selección tienen inconsistencias y pueden afectar el cumplimiento del contrato, debido a la incongruencia en la sustentación del valor referencial de la obra, falta del estudio de ingeniería básica, el cálculo de fechas y metas para la entrega de avances, la poca claridad en la absolución de dudas a las empresas, entre otras.
- Se advirtió una imprecisión de fechas y plazos para la revisión y aprobación de los entregables del expediente técnico por parte de la supervisión, y tampoco se establece las acciones que se tomarán en caso incumplan con entregarlos, lo cual también pone en riesgo las obligaciones contractuales.
El alcalde de Piura, señaló a un medio local que las empresas ganadoras no están inhabilitadas por la Contraloría y tampoco sentenciadas por el Poder Judicial. Además el contrato aún no ha sido firmado.
Sin embargo, no se pronunció sobre la sanción que recibió una de las empresas por presentar documentación falsa en una obra anterior, ni las investigaciones de la que fueron objeto las otras consorciadas por abandonar obras o dejarlas mal hechas.
