Contraloría: 124 cámaras de videovigilancia de Piura, Sullana, Bellavista, Talara, Paita y Sechura están inoperativas

La Contraloría General identificó fallas en el funcionamiento de 124 cámaras de videovigilancia a cargo de las municipalidades provinciales de Piura, Sullana, Talara, Paita, Sechura, y de la Municipalidad distrital de Bellavista, quienes son responsables de su operación y mantenimiento.

Los alcaldes de estas municipalidades recibieron los informes de control respectivo de manera oportuna y tienen 10 días hábiles para que remitan su plan de acción ante la Contraloría.

Sechura

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 20205-2021-CG/PC-SVC, las ocho cámaras que cuenta la Municipalidad Provincial de Sechura no funcionaban desde hace más de cuatro meses, debido a una falla técnica en el sistema. Además, se evidenció que el espacio donde debería efectuarse el monitoreo es reducido.

Talara

En la provincia Talara solo funcionaba una cámara de las dieciocho instaladas. Si bien dicha cámara cumplía con almacenar la grabación en el plazo mínimo establecido en la norma (45 días), el resto de equipos estaba inoperativo, de acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 20209-2021-CG/PC-SVC.

Bellavista

Respecto al distrito de Bellavista (Sullana), solo siete de treinta de estos equipos estaban en funcionamiento y solo tenían un registro de 31 días de grabación de los videos, por lo que tampoco cumplía con el tiempo mínimo.

Piura, Paita y Sullana

En el caso de la provincia de Piura se verificó que 44 de 103 cámaras no estaban operativas, en Paita no funcionaban 20 de 67 de estos equipos y en Sullana un total de 12 cámaras presentaban fallas de 54 instaladas.

Asimismo, la Contraloría verificó que las municipalidades mencionadas no almacenan las grabaciones por el plazo mínimo establecido en la norma, lo que podría impedir que la ciudadanía e instituciones accedan a estos videos.

En las visitas realizadas en octubre último por auditores de la Subgerencia de Participación Ciudadana acompañaron monitores ciudadanos, que son personas voluntarias capacitadas y acreditadas por Contraloría General en el ejercicio del control social.

Dato: Hasta el momento, la Contraloría ha visitado ocho municipios para verificar el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia. En Castilla y Tambogrande también se detectó equipos inoperativos.

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