La consulta previa, aquel diálogo que debe existir entre el Estado y las comunidades indígenas, es uno de los temas pendientes que tiene cada gobierno en nuestro país. Este dispositivo busca poner sobre la mesa determinadas medidas legislativas o administrativas, si es que quedan afectados los derechos de los habitantes de determinados pueblos.
Para el politólogo Yelsen Humbo Peña, asesor y ex miembro de las rondas campesinas, la consulta previa no ha tenido el respaldo ni interés de los gobiernos para ejecutar una consulta legítima y confiable, que permita obtener una opinión conjunta de la población que se muestra en contra de determinadas actividades extractivas que generan un alto grado de daño al medio ambiente.
Instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) son las instituciones que, primordialmente, deben asistir la consulta previa, pero deciden no actuar, asegura el asesor.
“Desde el Gobierno Central no se le ha dado la cobertura necesaria [a la consulta previa] para que se lleve a cabo con normalidad. En algunas ocasiones, la consulta no ha sido exitosa o se ha dado, pero no ha sido legítima en todas sus formas. Sin embargo, las instituciones que le dan este valor [de legitimidad] es el Jurado Nacional, la ONPE, que tiene que llevar el proceso, el RENIEC, que tiene que habilitar el padrón electoral. Y también tiene que estar la Defensoría del Pueblo como veeduría”, sostuvo Humbo Peña.
Humbo Peña recordó que las dos consultas previas impuestas en Tambogrande y en Ayabaca y Huancabamba, que ponía en juego la vida del medio ambiente frente a la minería, no tuvieron la participación de las instituciones vinculantes. Ello, dijo el asesor, demuestra una falta de voluntad política del gobierno para atender a las comunidades que se muestran en contra de actividades que pueden dañar su modelo de economía local.
“Esto depende de la voluntad política del gobierno central. Tambogrande votó casi por unanimidad [en consulta previa] contra la minería que quería implantarse en ese valle. Su modelo de producción es la agricultura, y dejaron claro que no quería la minería. El 2007 también se hizo una consulta previa [para la minería] en los distritos de Ayabaca y Huancabamba, donde el modelo de producción es la agricultura. Y todo esto tuvo como participación solamente a la Defensoría del Pueblo, pero no a las instituciones que desarrollan las elecciones”, precisó el politólogo.
Ante la falta de estos mecanismos legales estatales para defender los derechos de los pueblos, las comunidades originarias consideran que se debe tomar acción para proteger su historia y su medio ambiente. Por ello, Yelsen Humbo manifestó que el mejor camino para las comunidades y rondas campesinas está en autoeducarse, para procurar conocimiento y evitar ser engañados y/u olvidados.
“Nosotros, los ciudadanos, debemos tener conocimiento. El conocimiento es poder. Si la ciudadanía se mantiene informada, se mantiene conocedora de todo lo que está sucediendo y no podrá ser engañada. Es importante también autoeducar a la gente, porque, repito, el conocimiento es poder”, enfatizó el politólogo.
Además de casos como Tambogrande, Ayabaca y Huancabamba, existen múltiples comunidades en todo el Perú que se mantienen invisibilizadas por la falta de una consulta previa que prevenga el daño a los pueblos. Cabe recordar que las comunidades originarias y las rondas campesinas están amparadas en el artículo 149 de la Constitución Política del Perú.
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