En diálogo con Cutivalú, el abogado de IDL, Juan José Quispe, explicó que la Junta Nacional de Justicia es el que nombre, asciende, sanciona y destituye a los jueces y fiscales.
Quispe indicó que debido a esto es que desde hace dos semanas el Congreso busca realizar una investigación sumaria contra sus miembros a fin de recortar el mandato.
“El trasfondo político es que tomando el control de la Junta Nacional de Justicia toman el control del Jurado Nacional de Elecciones y de la Onpe. El Congreso quiere tomar el control absoluto del sistema de justicia y electoral”, aseveró.
Quispe señaló que la Junta Nacional de Justicia está investigando a la fiscal Patricia Benavides, quien tiene cuatro casos que podrían conducir a su suspensión e inclusive a una destitución. “Si se nombra una nueva junta se puede tomar el control de investigaciones contra jueces y fiscales por ejemplo del caso Cuellos Blancos”, indicó.
Quispe Capacyachi también reflexionó sobre los congresistas que investigarán a la Junta Nacional de Justicia.
“El congreso obtuvo ochenta y cuatro votos para formar la comisión especial que investigará a los magistrados de la junta nacional. La gran mayoría que conforman esta votación son investigados por organización criminal, lavado de activos, corrupción. Este es un congreso sin legitimidad, sin ética,que está haciendo lo que les da la gana y nadie protesta”, señaló el letrado.
El abogado de IDL, agregó que Human Rights Watch, una organización de derechos humanos ha enviado un oficio al Congreso indicando que si se recorta el mandato de sus miembros por parte del congreso se ataca la institucionalidad y al equilibrio de poderes y de más garantías supranacionales.
“A nivel internacional están viendo una situación complicada y están pidiendo que intervenga la OEA para que aplique la carta democrática. Aplicar la carta democrática es un llamado de atención al gobierno y para que el ente, el congreso se abstenga de atacar a la institución como es la Junta Nacional de Justicia”, comentó el defensor.
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