Más de mil líderes indígenas, representantes de Estado y organizaciones civiles acordaron pedir al Gobierno de Perú detener la continuidad del Proyecto Hidrovía Amazónica que cavará los ríos Amazonas, Huallaga, Ucayali y Marañón para crear un canal de navegación que transporte mercancía de gran tamaño. Este megaproyecto afectaría a 424 comunidades indígenas en situación vulnerable y no cuenta con estudios claros de impacto ambiental.
Esta obra está a cargo del consorcio Cohidro, formado por la empresa peruana Casa Contratistas (CASA) y la compañía china Sinohydro y comprende una construcción de 2 mil 687 kilómetros. La obra implica el dragado para la remoción de rocas y otros materiales a fin de que los ríos tengan suficiente profundidad para permitir el pase de navíos de gran tamaño.
La plataforma Derechos Colectivos Vulnerados de las organizaciones Rights and Resources Initiative & Amazon Conservation Team, alertó que estas excavaciones removerían níquel y arsénico y pasivos de petróleo que afectarán la flora y fauna de cientos de comunidades indígenas, así como de las personas que integran estas comunidades.
La petición fue hecha en el Congreso Mundial de la Naturaleza que se realizó del 3 al 11 de septiembre en Marsella, Francia. Con la moción para la ‘Protección de los ríos de la Amazonía Andina del Perú frente a los grandes proyectos de infraestructura vial y energética’, el Congreso acordó remitir una carta al presidente Pedro Castillo solicitando la reevaluación de la Hidrovía de la lista de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para el Plan de competitividad.
Además, solicitarán al Estado peruano a “priorizar alternativas sostenibles para un transporte fluvial amazónico seguro y mejorado sin dragado, y crear un espacio técnico y multicultural con participación de los pueblos indígenas y comunidades locales”. Así como, cumplir con el derecho a la consulta previa de las comunidades que se verían directamente afectadas por la Hidrovía Amazónica y futuros proyectos que puedan tener impacto en sus territorios.
Organizaciones denunciaron al Estado
En enero de este año, la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), la Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Padre Márquez (FEDCIPAM) y la Federación de Comunidades Nativas del bajo Ucayali (FECONBU) con el apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL) presentaron una demanda judicial contra el Estado para detener la construcción de la Hidrovía.
Para Miguel Guimaraes Vásquez, presidente de la FECONAU, este proyecto no está pensado en mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas, sino que “está proyectado para las grandes empresas que tienen negocios grandes”. Por su parte, el abogado de IDL, Juan Carlos Ruiz Molleda, advirtió que el proyecto debería cancelarse pues no existe certeza científica sobre los impactos que una obra puede causar.
Este artículo fue publicado originalmente en Wayka
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