A menos de diez días del fin de la legislatura, el Congreso busca prolongar los millonarios beneficios tributarios a favor de empresas comerciales, mineras, petroleras, universidades y hasta grupos religiosos.
Uno de estos intentos se concretó el último martes en la Comisión de Constitución, luego que el congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, logró que se aprobara el dictamen que deroga el D.L 1419, promulgado por el Ejecutivo y que plantea cobrar un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) por cada máquina tragamonedas y mesa de juego explotada. La medida pasó ayer por la Comisión de Economía, donde tuvo una opinión desfavorable, pero aún debe pasar por el Pleno extraordinario que ha sido convocado para este sábado.
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Desde 1999, fecha en que se creó el beneficio, los establecimientos de casinos y tragamonedas gozan de un régimen especial que este año les ha permitido ahorrar unos S/437 millones en impuestos, según cifras de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Al cierre de este 2018 el Gobierno dejará de recaudar S/16.498 millones por la aplicación de privilegios tributarios a diversos sectores sin que se haya demostrado su eficacia.
“Si no derogamos esta norma, lo que va a suceder la próxima semana será una avalancha de acciones de amparo llevando al colapso a nuestro sistema judicial porque no se está gravando el consumo”, alertó el congresista. Torres es socio del estudio de abogados Torres y Torres Lara que defiende a importantes casinos y tragamonedas; dejó de ejercer el 2016, pero no se inhibió en el debate de esta propuesta, por el contrario, fue quien la sustentó.
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Según documentos del propio bufete, sus principales clientes son las españolas Cirsa International Corporation S.L. y Gaming and Services S.A, filiales de CIRSA, empresa líder en juegos de azar en la región y miembro de la multinacional Nortia Corporación que se dedica al rubro inmobiliario y hotelero bajo la dirección de Manuel Lao Hernández, quien ocupa el puesto 15 en el ranking de millonarios de España.
También encontramos a ISA Perú Group S.A.C, que controla el Garden City Casino, en Trujillo; Unidesa Perú, fabricante de máquinas tragamonedas; y la misma Sociedad Nacional de Juegos de Azar – SONAJA, gremio que representa a las principales compañías del rubro y que en las últimas semanas difundió comunicados y comerciales en televisión para sostener que el decreto promulgado por el Gobierno era inconstitucional. Pedimos una entrevista con el presidente de SONAJA, Fernando Calderón, pero no respondieron.
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El Ministerio de Economía (MEF) sustentó ante el grupo de trabajo que el impuesto sí logrará trasladarse a los usuarios, por lo que una demanda ante el Tribunal Constitucional no sería válida. El economista Marcial Ramírez, docente de Gestión Publica de la Universidad Del Pacifico, sostiene que es necesario aplicar un gravamen a este sector para reducir la ludopatía, pero la forma en que ha sido planteado el decreto no es clara. «Si el MEF quiere insistir en su posición va a tener que sustentar legalmente que el gravamen no será confiscatorio para las empresas», consideró.
Los beneficios tributarios son excepciones al sistema de cobro de impuestos que se crean a través de leyes o decretos supremos, a cambio de que las empresas favorecidas inviertan en el país y generen empleo. Algunas son vitalicias, pero la mayoría caduca al cabo de tres años. En esos casos el Congreso puede renovar su vigencia, pero –según disposición de la Sunat– debe analizar si cumplieron los objetivos bajo los que fueron creados. En la práctica esto no sucede; los beneficios se extienden a ciegas.
Precisamente, en la Comisión de Economía se aprobaron otros tres dictámenes con el fin de prorrogar múltiples exoneraciones tributarias que seguirán favoreciendo a determinadas empresas. Uno de ellos es el Proyecto de Ley 0331 presentado por el legislador aprista Elías Rodríguez e incluido en la agenda del Pleno de ayer. En el documento se propone extender la aplicación de 11 privilegios fiscales que rigen desde hace 14 años y que deberían caducar a fin de mes.
Algunos de estas excepciones responden a obligaciones internacionales, como la exoneración de impuestos a la remuneración que reciben los funcionarios de gobiernos extranjeros, y otras redundan directamente a favor del ciudadano, entre ellos, la anulación de intereses a los depósitos bancarios y a los espectáculos culturales.
Pero el Proyecto de Ley 0331 también plantea extender –hasta el 31 de diciembre del 2021– la omisión del Impuesto a la Renta a favor de asociaciones sin fines de lucro y de organizaciones religiosas distintas a la Iglesia Católica. Entre las primeras no solo se contempla a organizaciones de ayuda social, sino a partidos políticos, asociaciones de fútbol, colegios y universidades privadas.
Una de las principales beneficiadas será la Universidad San Martín de Porres (USMP), centro de estudios fuertemente ligado al APRA. Su rector José Chang Escobedo fue ministro de Educación (2006-2011) y Presidente del Consejo de Ministros (2010-2011) del segundo gobierno de Alan García, quien a su vez es Director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de dicha universidad. Las instalaciones de este instituto fueron elegidas por García Pérez para dar ayer su primer pronunciamiento público tras el frustrado pedido de asilo a Uruguay.
Respecto a las organizaciones religiosas, informes de la División de Lavado de Acticos de la Policía permitieron conocer que la iglesia cristiana Movimiento Misionero Mundial, dirigida por el pastor Rodolfo González, logró recaudar S/34 millones en menos de cinco años a través de la donación de sus fieles. Por los diezmos no se paga impuestos, pues los tributos gravan las ganancias, la venta de bienes y la prestación de servicios. Pero de aprobarse este Proyecto de Ley, González, quien ha manifestado su intención de comprar el estadio Alianza Lima, seguiría recaudando millones sin pagar impuestos por los ingresos directos que obtiene.
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Una propuesta que quedó rezagada fue la de Jorge del Castillo, del partido aprista, quien planteó exonerar de impuestos la venta e importación de medicamentos indicados para la salud mental, lo mismo que hoy sucede para enfermedades como el cáncer, VIH y diabetes, pero que han demostrado no reflejarse en una reducción de precio a favor del paciente.
La bancada oficialista Peruanos por el Kambio también presentó un proyecto de ley para pedir la continuidad de cuatro exoneraciones tributarias hasta el 2021, dos de ellas son para asegurar la devolución del IGV a los titulares de la actividad minera y al sector hidrocarburos durante la fase de exploración. La iniciativa 3674 logró un dictamen en la Comisión de Economía, pero hasta ahora no ha sido agendada en el Pleno.
(Fuente: Ojo Público)
