La oposición no logró su cometido este jueves 19 de agosto, de aprobar una moción de exhortar al presidente Pedro Castillo para que evalúe la idoneidad técnica y moral de sus nombramientos.
La propuesta nace debido a los cuestionamientos que hay desde el fujimorismo y sus secuaces contra el premier Guido Bellido, investigado por apología al terrorismo, y otros ministros.
La moción, impulsada por la congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz, recibió 61 votos en contra, 6 abstenciones y solo el respaldo de 47 parlamentarios, en su mayoría, de su bancada y de sus aliados de Fuerza Popular y Renovación Popular. Llamó la atención que entre los congresistas que exigían que los ministros sean los idóneos estuvieran algunos cuyas hojas de vida evidenciaban que estas evaluaciones también deberían realizarse en los Pasos Perdidos.
La República verificó que de los 47 congresistas que apoyaron la moción de Amuruz, nueve tienen investigaciones.
En Renovación Popular, el vocero Jorge Montoya y el legislador José Cueto tienen una investigación por presunta conspiración para sedición y perturbación de la tranquilidad. El 21 de julio, la Fiscalía Superior Penal los incluyó en esta pesquisa.
Además, una de sus colegas de bancada, María Jessica Córdova Lobatón, es investigada por lavado de activos en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque. El 4 de julio, la fiscal anticorrupción Ana Zegarra Azula inició una investigación preliminar contra la congresista electa por un plazo de 120 días.
Mientras que en Fuerza Popular hay más congresistas con indagaciones en el Ministerio Público. Alejandro Aguinaga, presidente de la Comisión de Fiscalización y uno de los más indignados con la conformación del gabinete, afronta una acusación en el caso de las esterilizaciones forzadas.
La excandidata a la vicepresidencia por el fujimorismo, Patricia Juárez, también tiene un proceso por negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho pasivo en el caso Línea Amarilla, donde también está involucrado el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio.
Otros de sus colegas en la bancada fujimorista están en lo mismo. Jorge Alberto Morante Figari es investigado por abuso de autoridad, colusión y negociación incompatible; César Revilla tiene una denuncia por peculado y Nilsa Chacón cuenta con una por lavado de activos ante la Fiscalía Provincial Especializada en Lavado de Activos de Áncash.
También hay un congresista del partido naranja que apoyó la moción y tuvo una sentencia: Raúl Huamán Coronado, quien el 13 de mayo de 1989 fue condenado a tres meses de libertad condicional por el delito de omisión a la asistencia familiar. Asimismo, tiene una denuncia por hurto agravado.
Durante el debate de la moción, el congresista de Perú Libre Jorge Marticorena cuestionó a sus colegas de FP por apoyar que se evalúe la idoneidad técnica y moral de los ministros, cuando su lideresa Keiko Fujimori está investigada por lavado de activos. Con los argumentos de la moción de Avanza País, por ejemplo, Fujimori Higuchi no podría ser ministra.
Pero el desenlace ya es conocido: la demanda no prosperó porque faltaron votos. El Congreso no exhortará al presidente Castillo a evaluar esos criterios en sus designaciones. Sin embargo, aún quedan muchas mociones contra el Gobierno por discutir y, la próxima semana, el premier Bellido pedirá el voto de confianza.
Las bancadas aliadas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, por ahora, lo único que han logrado en las dos sesiones del pleno ha sido ratificar la aprobación de una moción que crea una comisión investigadora de los resultados electorales de este año.
En el oficialismo, sus congresistas consideran que esta serie de medidas impulsadas desde la oposición apuntan a vacar al presidente Castillo. No hay un proyecto que apunte a la idoneidad moral del mandatario, pero en la izquierda consideran que es la carta bajo la manga de quienes gritaban fraude.
Mociones rechazadas y pendientes
La moción para citar al ministro de Salud, Hernando Cevallos, a explicar las políticas de Estado para contrarrestar la pandemia fue rechazada con 50 votos en contra, 43 a favor y 23 abstenciones.
Sin embargo, aún queda una lista de mociones por debatir. Está, por ejemplo, otra de Avanza País que apunta a calificar de acto inmoral del presidente Pedro Castillo la designación del ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien fue vinculado a la facción radical del magisterio.
También está a la espera discutir la moción que pide citar al ministro del Interior, Juan Carrasco, por la intervención de la Policía en la Dircote.
Reacciones
Karin Guevara, abogada electoral
“Se podría ver que lo que busca el Congreso es debilitar la legitimidad de Castillo con esto. Recuerde que la legitimidad de Castillo es el voto (…). Si es cuestionado, ocasiona un debilitamiento político”.
Omar Cairo, constitucionalista
“Los nombramientos ministeriales no pueden ser morales ni inmorales desde el punto de vista jurídico. Pueden ser constitucionales o inconstitucionales, convenientes o inconvenientes”.
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