El congresista de Acción Popular, Wilson Soto señala en su iniciativa legislativa que si un juez no emite la expedición de la resolución o sentencia que ponga fin al proceso donde se interpone un recurso de prescripción, podría quedar destituido.
Desde el Congreso de la República se busca fortalecer aún más la denominada ‘Ley Soto’ que está siendo usada por diversos políticos para archivar procesos que tienen en el Ministerio Público. Así se podría desprender de la reciente iniciativa presentada por el legislador Wilson Soto de la bancada de Acción Popular.
Según la propuesta 5994/2023-CR, presentada el 22 de setiembre pasado ante la Mesa de Partes del Legislativo, busca incluir en el artículo 84 del Código Penal que los magistrados que no acojan a la norma serán pasibles de una destitución inmediata de sus cargos.
“El vencimiento del plazo sin la expedición de la resolución o sentencia que ponga fin al proceso es causal de destitución o de los magistrados responsables”, se lee en el documento.
Entre los argumentos que Soto lanza es que “resultará beneficioso para el sistema de justicia, ya que la realización de juicios en plazos razonables mejorará la imagen y fortalecerá su institucionalidad”.
“Será beneficioso para las partes involucradas, tanto para los agraviados como para los procesados. Los agraviados podrán ver materializado su derecho a acceder a la justicia de manera oportuna y recibirán algún tipo de compensación por la afectación que hayan sufrido. Por otro lado, los procesados contarán con la certeza de recibir una sentencia dentro de un plazo determinado”, añade.
Modificación a favor de Alejandro Soto
Como es público, el 11 de mayo pasado, el Pleno decidió darle el visto bueno a la ley N°31751 que establece un cambio respecto al plazo de la prescripción en procesos penales que está en el artículo 84 del Código Penal.
En 1991 se leía de la siguiente manera: “Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido”.
Sin embargo, este año se modificó para que “si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción”.
Y se agrega: “La suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. En ningún caso dicha suspensión será mayor a un año”.
Este cambio permitió que la defensa legal de Alejandro Soto, actual titular de la Mesa Directiva, presentará un pedido para que el proceso que le entabló la empresa de transportes Turísticos Waynapicchu ante el Tercer Juzgado Penal de Cusco. La citada compañía acusó al legislador de Alianza para el Progreso de cometer actos irregulares cuando se desempeñaba como asesor legal.
Entre los cuestionamientos a Soto está que no cumplió con redactar los estatutos de la empresa a pesar de que recibió S/ 20 mil por este trabajo. Por ello, la Fiscalía solicitó ocho años y ocho meses de prisión efectiva por los presuntos delitos de estafa y falsedad genérica. En abril se iba a dictar sentencia, pero todo se aplazó a julio cuando la ley que modificó los plazos de la prescripción entró en vigencia.
Un similar problema también sufrió su colega Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), quien ha pedido archivar un proceso por los presuntos delitos de peculado doloso, malversación y falsedad ideológica por irregularidades cuando formaba parte el Gobierno regional de Puno en el 2009.
Hermanitos
La modificación de los plazos de la prescripción también ha sido aprovechado por el exmagistrado César Hinostroza Pariachi, quien se encuentra en calidad de prófugo de la justicia desde julio del año pasado luego que se dictara su captura para ser extraditado al Perú para que responda por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.
Los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) -Iván Noguera y Guido Águila- también buscan que se archive el extremo de patrocinio legal que se les sigue por el caso de Los Cuellos Blancos.
Fuente: Infobae
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