La Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó el pre dictamen para aumentar las penas en el delito de difamación y calumnia por la utilización indebida de medios de comunicación social, redes sociales y sitios web. El autor del proyecto es el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre.
Anteriormente, las sentencias por calumnia representaban una pena privativa de la libertad durante un período no mayor a 2 años y 30 a 120 días-multa.
Sin embargo, con la presentación del texto sustitutorio que reforma los artículos 131 y 132 del código penal se determina que el acusado debe cumplir una pena de 3 años con 90 a 120 días-multa. Además, deberá realizar una reparación civil a favor de la víctima.
PRONUNCIAMIENTO
Al respecto, el decano del Colegio de Periodistas de Piura, Juan Manuel Reyes Castillo, manifestó que esta propuesta de ley genera una reacción negativa en varios medios periodísticos, pues se considera como intimidación, coacción o intimidación al periodismo libre e independiente.
Además, a través de un comunicado institucional, comparte la opinión de los especialistas de Derecho, quienes afirman que dicha propuesta se ha hecho sin el análisis técnico.
“Es un atentado contra la libertad de expresión porque va contracorriente con la jurisprudencia internacional que busca despenalizar estos delitos de prensa”, expresó Reyes.
En otro momento, dijo que esta iniciativa legislativa parece ser una “venganza política” por parte del Congreso de la República ya que muchos líderes políticos que apoyan este proyecto de ley están inmersos en investigación por actos de corrupción.
Asimismo, Juan Reyes manifestó que como Colegio de Periodistas piden reevaluar esta propuesta de ley, además, precisó estar en contra de que se apruebe este incremento de penalidades contra las personas que ejercen el periodismo, en especial aquellos que hacen periodismo de investigación.
Por su lado, Roberto Pereira, abogado constitucionalista y asesor del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) indicó que dicho proyecto plantea modificaciones “carentes de rigor técnico”. Añadió que la propuesta de incrementar las penas se hizo sin ofrecer explicaciones técnicas ni razonables para ello.
“Quisiera encontrar alguna razonabilidad al proyecto sobre las bases de los motivos y no encontramos una razón para elevar la penalidad, no existe en el Perú el problema de desprotección de los derechos al honor de las personas”, expresó.
El abogado precisó que «de aprobarse esta ley el Estado incurre en responsabilidad internacional y se generaría un claro retroceso en la garantía de la libertad de expresión», agregó.
“La única razón que encuentro es una reacción empática de los políticos frente a la labor de la prensa para enviar un mensaje de amedrentamiento contra los periodistas”, sostuvo Pereira.
Hoy el Congreso de la República debatirá en segunda instancia esta propuesta de ley, de aprobarse la norma si es que el Ejecutivo no lo observa, según Pereira queda la vía de acción inconstitucionalidad, la Defensoría del Pueblo podría pedir la intervención del Tribunal constitucional que haga una evaluación de la consistencia de utilizar el derecho penal como respuesta en el caso de delito y difamación vinculados a la libertad de expresión en asuntos públicos.
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