Las organizaciones sociales, medios comunitarios, comunicadores y comunicadoras indígenas, medios de comunicación regionales y locales, y periodistas, presentaron al presidente Castillo un Manifiesto por el derecho a la comunicación.
En el documento, plantean 8 propuestas para que el Estado Peruano a través del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo emprendan las siguientes reformas urgentes para su garantía:
1. Concentración de medios.
El Estado debe garantizar una distribución equitativa del espectro electromagnético, estableciendo cuotas para colectivos sociales en situación de vulnerabilidad, y para la población campesina e indígena. Se debe fortalecer la legislación antimonopolio para el sector de las comunicaciones, con controles previos a las fusiones y adquisiciones, distinguiendo en los niveles nacional, regional y local, y considerar límites en la propiedad cruzada de medios en diferente soporte. Además se debe garantizar la transparencia en la información sobre la propiedad de los medios de comunicación.
2. Ejercicio abusivo de la libertad de expresión.
Actualmente existe una situación de indefensión frente a la comunicación violenta que vulnera la integridad de las niñas y niños, perpetua estereotipos degradantes contra las mujeres, los pueblos indígenas y las personas diversas, y afecta la dignidad de las personas. Se debe preservar el derecho a la información veraz, especialmente cuando se encuentran en juego otros derechos fundamentales como el derecho a la salud en el contexto de la pandemia.
Ante el fracaso del modelo de autorregulación preponderante hasta la fecha, se requiere contar con un sistema mixto sociedad civil – Estado, lo que se traduce en un órgano regulador autónomo y descentralizado del sector radio y televisión (digital, abierta y pagada o por suscripción), con participación de la sociedad civil organizada. Para evitar abusos, es necesario fortalecer los mecanismos de salvaguarda para la autonomía e independencia de las autoridades del sector transporte y comunicaciones.
3. Centralismo y falta de adecuación cultural de contenidos.
La publicidad estatal debería contar con pertinencia cultural y tendría que ser una herramienta para fortalecer la pluralidad informativa. Por ello demandamos que se descentralice la contratación de publicidad estatal, y se garanticen cuotas de publicidad para los medios indígenas y comunitarios.
Se deben establecer cuotas obligatorias de programación en lenguas indígenas y establecer acciones afirmativas para los comunicadores y medios indígenas, ofreciéndoles soporte tecnológico y financiero.
4. Comunicación digital
Adecuar la normativa sectorial para garantizar derechos ciudadanos en el marco de la comunicación digital a fin de fortalecer la conectividad, garantizando el acceso a internet como herramienta para ejercer otros derechos fundamentales como: educación, trabajo, información, etc.
En ese sentido, vemos la urgencia de promover una verdadera ley de medios, que contemple todas las plataformas comunicativas, con la participación activa y representativa de todos los sectores de la sociedad civil.
5. Transparencia y acceso a la información pública.
El Estado debe fortalecer las políticas de transparencia y acceso a la información pública en todos los niveles de gobierno y las entidades que lo comprenden. Desde las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial hasta las oficinas municipales tienen que presentar mecanismos fáciles para acceder, de forma transparente, a la información que influye en su día a día, así como los antecedentes y acciones presentes de las autoridades. Se debe considerar la necesidad de regular la conservación de archivos digitales y comunicaciones de funcionarios públicos
Frente a esta sobreprotección de la información de interés público, el ciudadano de a pie ve como su información sensible es repartida como mercancía por las empresas de telecomunicaciones, por lo que se necesita promover una discusión amigable sobre la protección de datos personales y el consentimiento informado.
6. Violencia contra comunicadores y comunicadoras
En los últimos años ha crecido la escala de violencia contra comunicadores, comunicadoras, periodistas y personal de medios, por lo que urge establecer un protocolo de actuación intersectorial para garantizar la labor de informativa, previniendo agresiones de autoridades, funcionarios y ciudadanos a los comunicadores, resaltando la importancia de su función, así como la obligación de proteger frente agresiones de terceros.
Asimismo, la verdadera libertad de prensa garantiza también la estabilidad laboral de quienes se encuentran en el frente informativo para que sigan construyendo la opinión de sus audiencias, a pesar de posibles decisiones arbitrarias o cambios de dirección en los medios, por lo que vemos la necesidad de incorporar la obligatoriedad de una real cláusula de conciencia en los contratos de los comunicadores y supervisión estatal de su cumplimiento, para impedir la imposición de líneas editoriales sobre la libertad de prensa.
Además, se deben establecer mecanismos de protección para que los comunicadores que concesionan horas de difusión no sean retirados intempestivamente por los empresarios de los medios de comunicación radial y televisiva, por propósitos económicos y/o políticos.
7. Medios públicos
Además de los medios estatales, es necesario que la ciudadanía cuente con medios públicos, es decir, medios de comunicación sin fines de lucro, con el compromiso de la mayor calidad posible en sus contenidos, bien sean educativos, informativos o de entretenimiento, con marcos institucionales que permitan la conformación de directorios con representación ciudadana, plurales y autónomos de los gobiernos de turno, dotados de financiamiento público, tanto nacionales, regionales como locales, de manera que cumplan un rol de servicio público y sean expresión de la diversidad política, social y cultural regional y local existente en el Perú, sin perjuicio de la obligación de asegurar la plena libertad de expresión.
8. Derecho a la comunicación para las comunidades indígenas
El Estado peruano debe garantizar el derecho a la comunicación para las comunidades indígenas, reconociendo su derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación.
Desde la sociedad civil consideramos que estos son los aspectos fundamentales sobre los que se debe basar el derecho a la comunicación, que van en consonancia con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, que contempla a la sociedad en su conjunto y no solo al sector empresarial.
ADHESIONES
Asociación Nacional de Periodistas del Perú
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Edmundo Cruz
Coordinadora Nacional de Comunicaciones
Servicios de Comunicación Intercultural. SERVINDI
Ideeleradio. IDL
Red de Comunicadores Indígenas del Perú. REDCIP
Asociación PHUTU – Programa Radial Multilingüe, «Rimayninchis Nuestras Voces» Cusco
Cecilio Soria Gonzales
Radio y TV Alternativa
Radio San Miguel
Centro de Comunicación Popular y Promoción del Desarrollo de Villa El Salvador (CECOPRODE VES)
CODEHICA
Asociación de Comunicadores Sociales CALANDRIA
CANAL 33 C.B.S NASCA
Pueblo
Corporación Radio TV Continental de Juliaca
En Red Ando
Radio Las Vegas
MNP BASE JAÉN
ANP Filial Iquitos
Asociación Nacional de Periodistas Filial Iquitos
Riomar Televisión
Radio Diez
Pulso Regional Cusco
Radio Estación Wari
Canal 33
Plataforma informativa internacional
Colegio de Periodistas de Ica
Radio Cutivalú Piura
Asociación de mujeres Parconenses
Artesanos de la Comunicación
Asociación Regional de Periodistas del Perú
Universidad Nacional San Luis Gonzaga
Radio Líder Cajamarca
Ollantay Itzamná
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. DEMUS
Audiovisuales del Perú
Red de Comunicadores Ambientalistas de Cusco
Radio Coremarca S.R.L.
Federación de Mujeres de Ica
Chullpi Cine Sur
Colegio de Periodistas de Piura
Gran Angular
Programa radial Expresión del Perú Profundo
