Este jueves 11 de noviembre se realizará la audiencia para determinar si los comuneros de Catacaos denunciados por presunta usurpación de tierras por parte de empresas vinculadas al Sodalicio, son desalojados de donde viven. Como se sabe, en primera instancia, la jueza Iris Soledad Suárez Lozada del Juzgado Transitorio de Catacaos declaró fundada la demanda interpuesta por la Asociación Civil San Juan Bautista, vinculada al Sodalicio de Vida Cristiana.
El miembro de la Unidad de Protección de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, Carlos Rodríguez Huambachano, manifestó que se está pidiendo la anulación de la sentencia en primera instancia y reconocer a los comuneros como los únicos dueños de sus tierras. «Si se anula esa sentencia, el peligro que se cierne sobre ellos se acabaría”, puntualizó.
Para Rodríguez Huambachano la decisión que tome el Poder Judicial es muy preocupante pues «legitimaría el tráfico de tierras en el país, porque es un problema nacional. Sería un precedente también porque se trata de la comunidad campesina más grande del país, con cerca de 300 mil hectáreas que el Estado no les titula, no los protege y acrecienta el riesgo de que sigan siendo traficadas”, remarcó el vocero de la CNDDHH.
Carlos Rodríguez explicó que la decisión del Poder Judicial ya no se puede apelar, pues están en segunda instancia. Sostuvo que solo se podría dar el caso de una casación pero tendría que ir a la Corte Suprema como un recurso extraordinario que se da cuando no se cumple alguna norma en el proceso.
Como se sabe, son más de 200 familias se quedarían en la calle si el Poder Judicial falla a favor de empresas vinculadas al Sodalicio.
Este martes 9 de noviembre, los comuneros marcharon por las principales calles de la ciudad de Piura y llegar al frontis de la Corte de Piura.
