La Sala Penal Nacional de Apelaciones del Sistema Anticorrupción dejó al voto los requerimientos contra las órdenes de prisión preventiva que pesan sobre los implicados en el caso del llamado ‘club de la construcción’.
A fines de enero, el Poder Judicial había declarado fundado el pedido del Ministerio Público de 18 meses de prisión preventiva contra Carlos García, ex asesor del Viceministerio de Transportes y único detenido hasta la fecha; Rodolfo Prialé, representante del club; Elard Tejeda, de Obrainsa; Félix Málaga, de la constructora Málaga; y Luis Prevoo, socio de Prialé.
En el caso de Guillermo Reynoso Medina, soció de Prialé y para quien también se solicitó prisión preventiva, se dispuso reprogramar la audiencia para evaluar su caso, puesto que no fue debidamente notificado.
En la audiencia de apelación, la defensa legal argumentó que no existen indicios ni pruebas que involucren a sus patrocinados en asociaciones irregulares. Además, afirmaron que tienen arraigo en el Perú por los negocios, las deudas que tienen con entidades bancarias y por la responsabilidad de mantener a sus familias.
Por su lado, la fiscalía pidió que la prisión preventiva no sea revocada debido a que sí existen motivos suficientes para sustentar la medida. El fiscal intentó presentar como prueba una agenda incautada en el domicilio de Prialé, en la que -según dijo- habían sumas de dinero escritas al lado de las palabras ‘Odebrecht’ y ‘Carlos García Alcázar’.
No obstante, la Sala Nacional de Apelaciones, presidida por la magistrada Susana Castañeda, no admitió dichos documentos al señalar que debieron darse a conocer en primera instancia.
Como respuesta, Carlos García, presente en la audiencia, rechazó lo dicho por la fiscalía respecto a los escritos encontrados en la agenda de Prialé.
“Al señor Prialé lo conozco hace más de cuarenta años, y hemos hecho varios negocios, y en ninguna parte de esas agendas dice ‘diez mil dólares’, ‘Odebrecht’, ‘Carlos García Alcázar’, eso no es cierto y ustedes lo puede verificar”, aseveró.
El ex funcionario del Ministerio de Transportes pidió recuperar su libertad y reiteró que el Ministerio Público no tiene argumentos que prueben que cometió alguno de los delitos que se le atribuyen.
“No hay delito por ningún lado, todo es ‘supone, creemos, pensamos, quizás’ y eso no es justo […] ¿Quién me devuelve los 18 meses que paso en prisión si no me encuentran nada?”, cuestionó.
De acuerdo a ley, el tribunal tiene un plazo de 48 horas para dar su veredicto respecto al requerimiento de la defensa de los imputados, quienes son investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y organización criminal.
(Fuente: El Comercio)
