La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las acusaciones constitucionales contra los operadores de justicia en el Perú.
Como se sabe, el Congreso de la República abrió una acusación constitucional en contra de las y los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Asimismo, inhabilitó a la exfiscal Zoraida Ávalos Rivera. Esta figura faculta al Congreso para investigar, juzgar y sancionar, con penas de suspensión, destitución, e inhabilidad por hasta diez años, a altas autoridades del Estado por “infracción de la Constitución”.
“Preocupa a la CIDH la ambigüedad de dicha figura puesto que ni la ley ni la Constitución precisan las conductas punibles y sus correspondientes consecuencias. En reiteradas oportunidades, ha llamado a delimitarla para asegurar objetividad e imparcialidad, respetando el principio de legalidad y asegurando la separación y el equilibrio de los poderes”, se lee en el documento emitido por la comisión.
La entidad advirtió sobre la importancia de observar “con rigor” las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. Además, recordó que, conforme a estándares interamericanos, las garantías para salvaguardar la independencia judicial no sólo cobijan a jueces sino también a fiscales.
“Los Estados les deben dotar de estabilidad en sus cargos como una consecuencia del rol fundamental que desempeñan en el acceso a la justicia. En tal sentido, es preciso que tanto jueces como fiscales cuenten con un adecuado proceso de nombramiento, protección contra presiones externas e inamovilidad en el cargo”, sostuvo.
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