Hace unas semanas, un proyecto de ley que permite el nombramiento automático de docentes de colegios públicos que tengan más de tres años contratados. Una medida que ha sido recibida tanto con alegría como preocupación porque se han denunciado irregularidades en las contrataciones. Chulucanas es un ejemplo.
“En la UGEL Chulucanas sí hay presunción de que muchos postulantes presentan documentos falsificados, para poder acceder a un contrato y, probablemente, varios estén contratados habiendo presentado documentos falsificados”, sostuvo la veedora del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) del proceso de contratación docente en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chulucanas, Margarita Távara Valladolid.
Y es que hay dos modalidades de contratación. Una mediante Prueba Única Nacional (PUN), donde el proceso es para profesores titulados; y otra que es la de evaluación de expedientes donde “pueden participar profesionales de otras áreas, […] si alguien quiere postular a matemática y no es docente, necesariamente, de carrera. Aquí postulan ingenieros y matemáticos”.
Irregularidades en la segunda modalidad
Pero las y los veedores no tienen acceso a estos expedientes, ni la potestad para verificar los cuestionamientos, son las UGEL quienes están encargadas de realizar el control posterior para determinar la veracidad de estas acusaciones.
“Afirmo categóricamente que, hasta el momento, no ha habido ningún control posterior ni por parte de la UGEL, ni por parte de la Contraloría. Es decir, está la sospecha desde el momento de la adjudicación”, aseveró.
Según comenta Távara Valladolid, no se les permite revisar expedientes y es en mesa que tienen acceso a los documentos de las y los postulantes. Así se pudo identificar un patrón en la modalidad de contratación por revisión de expediente.
“En mesa, se verifica de dónde es el título del postulante que, de alguna manera, está cuestionado por el público y son de institutos pedagógicos privados desconocidos […] de Lima, Tumbes y otros lugares”, declaró en exclusiva para Cutivalú.
Control posterior inmediato
Al consultarle por el momento en que se debe realizar este control posterior, mencionó que “debería ser inmediato, es decir, terminado el proceso macro donde se da la mayor adjudicación de plazas vacantes”.
Según comenta la profesora, la fase pública del proceso de adjudicación dura casi un mes y luego este proceso se torna un tanto irregular “porque ya no publican las plazas y ya no las hacen en acto público”.
“Imagínense, cuánto tiempo ha pasado y es muy probable que algunos de estos docentes que han presentado documentos falsificados, trabajen ahora”, indicó.
