Este miércoles 27 de junio a las 9 a.m. será la audiencia de control de acusación del alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas, por los presuntos delitos de colusión, peculado y negociación incompatible. La audiencia será en el Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana.
El burgomaestre es investigado por el presunto favorecimiento ilegal a su concuñada, Maximina Granadino Cunya, quien contrató 13 veces para servicios de compra de materiales entre el 2011 y 2013 con la Municipalidad de Ayabaca.
Actualmente, Marchena Villegas es candidato por Fuerza Regional a la alcaldía distrital de Lagunas, donde ya gobernó cinco periodos consecutivos (1989−2005), antes de dar el salto a la provincial por tres periodos más (2006−2018). En tanto, su hijo Baldomero es candidato a sucederlo, por la misma organización política.
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La audiencia debió realizarse el pasado 20 de abril, pero coincidió con una diligencia de desalojo y se frustró por sexta vez. Anteriormente no había podido realizarse por diversos motivos, entre ellos la notificación inadecuada y la ausencia de alguno de los abogados de los imputados.
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El proceso está en manos del juez Carlos Muñoz Alfaro, quien tomó el caso en marzo de este año, tras su designación como titular del juzgado. Anteriormente, estuvo a cargo la magistrada Alma Garay Pinday.
Para evitar más dilaciones, la Corte de Sullana ha dispuesto la asignación de abogados públicos en caso falte alguna de las partes del proceso. Además, se ha previsto notificar con la debida anticipación a las partes bajo responsabilidad funcional.
La Fiscalía de Sullana pide 12 años de cárcel para Marchena y ocho funcionarios de su gestión. Según la investigación fiscal, todo apunta a que los contratos fueron orquestados con la proveedora, es decir, con Granadino Cunya, quien fue inhabilitada definitivamente para contratar con el Estado debido a que presentó documentación falsa.
Los funcionarios acusados, para quienes también se pide 12 años de cárcel, son Leonidas Valverde Samaniego, Ricardo Llacsahuanga Castillo, Olinder Garcés Montalván, Teresa Rivera Calle, Marino Tafur Castillo, José Mendoza Siancas y Bianca Nonajulca Ávila.
Para el funcionario Martín García López se pide nueve años de cárcel porque, a diferencia del resto, no participó en todos los procesos. Además, para Maximina Granadino se ha pedido 24 años de prisión.
