Cajamarca. San Ignacio es una provincia agrícola que se ubica en la frontera norte con Ecuador. Dos tercios de sus 145 mil habitantes viven bajo la línea de pobreza y sin acceso a servicios básicos como agua, luz y desagüe. Tampoco cuentan con un hospital propio. Los habitantes que necesiten atención médica especializada deben viajar en autos colectivos, entre cuatro y siete horas, dependiendo de la zona en la que se encuentre, para llegar a la ciudad ecuatoriana de Zumba, que cuenta con servicios de salud completos y personalizados.
Los que no tienen recursos para cruzar el puente internacional La Balsa, o no pueden afrontar el tiempo de viaje, se desplazan dos horas al sur, a la provincia de Jaén, donde el único hospital ha colapsado desde hace una década por falta de capacidad. En mayo del 2019, por ejemplo, una intoxicación masiva rebasó sus instalaciones y unos 50 pacientes tuvieron que ser trasladados a otras ciudades. Por eso, los vecinos de San Ignacio que llegan aquí con un diagnóstico grave son referidos al Hospital Regional de Lambayeque, a otras seis horas de camino.
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La falta de presupuesto no es el problema; Cajamarca es una de las regiones que más se ha beneficiado con el canon minero. Solo entre los años 2010 y 2017 el gobierno regional y sus instancias locales recibieron más de S/2.000 millones por este concepto, sin contar con los ingresos que registraron años anteriores durante el auge del precio de los minerales.
OjoPúblico, Radio Marañón y la Plataforma de Radio y Televisión -como parte de una alianza para analizar la inversión pública en las regiones del Perú- revisaron los contratos que fueron impulsados en los últimos años para resolver el acceso a la salud en San Ignacio. Según la base de datos que construimos, entre el 2015 y 2018 Cajamarca destinó S/224 millones para ejecutar obras en el sector salud, y S/74 millones de ese total se reservaron para la construcción de dicho hospital.
Si bien la obra cuenta con un perfil de viabilidad desde el 2010, valorizado en S/34 millones; y el 2016 la región recibió S/30 millones adicionales por parte del Ministerio de Salud (Minsa) para llevarlo a cabo; encontramos que el proyecto se reactivó recién el 2018, el último año de gestión del gobernador Hilario Porfirio Medina Vásquez, del Movimiento de Afirmación Social (MAS).
Medina ocupó el cargo en reemplazo del líder de su agrupación política, Gregorio Santos, quien no pudo ejercer por encontrarse en prisión preventiva por actos de corrupción. Hace una semana, Santos fue condenado a 19 años de prisión por este hecho, pues se confirmó que recibió sobornos para direccionar obras públicas durante su primera gestión, entre el 2011 y 2014.
Errores en el comité de selección
Fueron tres los procesos de selección que realizó el gobierno regional, entre marzo y diciembre de 2018, para tratar de encontrar una empresa constructora. En cada uno de estos intentos se adjudicó la obra a un consorcio, pero todos los contratos fueron posteriormente anulados por la región debido a una mala selección de los postores: todos ganaron con documentos falsos o incompletos.
Al primero al que se le rescindió el contrato fue Consorcio San Ignacio, integrado por Kapo Constructores y la española UC 10 Sucursal Perú, empresa que actualmente se encuentra suspendida por el mismo motivo: presentar documentos fraudulentos para acceder a una obra vial en Puno. Este grupo obtuvo la obra en marzo y la perdió en abril, pero la Contraloría advierte en su Informe 158-2018-CG que el gobierno regional no verificó a tiempo las incongruencias en la documentación que presentó la empresa, y solo tomaron medidas después de recibir la alerta de sus inspectores.
Por su parte, la Comisión de Fiscalización del Congreso investigó el caso y emitió un informe donde confirma que “la gerencia subregional de Jaén consintió la buena pro a pesar que el consorcio presentó documentación no legalizada, incongruente, inconsistente y con falsificación de firmas”.
En junio del 2018 se convocó a un nuevo proceso de selección y se eligió a Consorcio Buenaventura, integrada por Constructora Fortaleza, una empresa que para entonces ya registraba sanciones en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) por presentar documentos falsos, y que este año fue inhabilitada de modo definitivo por reincidente. En este caso, la región Cajamarca anuló el contrato al consorcio por no presentar una garantía de fiel cumplimiento ante posibles retrasos en la obra.
Finalmente, en septiembre de ese mismo año, se realizó la tercera convocatoria y se dio por ganador al Consorcio La Molina, pero en diciembre le retiraron la obra por entregar una carta fianza falsa del banco Banbif. Este consorcio está integrado por la española Assignia Infraestructuras, una empresa que enfrenta demandas penales de colusión y falsificación en dos obras de Apurímac y Tacna; y por Constructora Inmobiliaria Orevi, compañía que antes de postular en Cajamarca ya había sido suspendida por el OSCE por falsear información en licitaciones, infracción que repitió este año y le valió la inhabilitación definitiva.
Enviamos cartas al representante de UC 10 Sucursal Perú, Marco Zanutelli Chichizola; así como a Flor de María Briceño, gerenta de Constructora Fortaleza; y a Manuel Orellana Mora, gerente de Constructora Inmobiliaria Orevi, solicitando sus descargos, pero no respondieron hasta el cierre de edición.
Demanda penal y obra incierta
El reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 no prohíbe la participación de postores con antecedentes negativos, sin embargo, los miembros del comité de selección están en la facultad de incluir en las bases del concurso la presentación del récord de sanciones o de inhabilitaciones para decidir el puntaje que le otorgarán a los postores.
Eso no sucedió en los tres procesos anulados en Cajamarca. Quienes realizaron las convocatorias y entregaron la buena pro fueron los entonces funcionarios de la Gerencia Sub Regional de Jaén: Alexander Suárez Correa y Luis Abarca Guevara, ambos de la Unidad de Logística; Carlos Albújar Núñez, de la subgerencia de Operaciones; José Ruiz Burgos, personal de la división de Supervisión y Liquidaciones; y Ricardo Espinoza Apolaya.
En entrevista con este medio, el procurador regional Henry Montero Vásquez confirmó que su despacho demandó penalmente a estos exfuncionarios, al exgobernador Hilario Medina, a Gregorio Santos y a los representantes de los consorcios involucrados. El caso está en investigación preliminar en la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque (al que pertenece la jurisdicción de la provincia fronteriza), y los delitos que se les atribuye por la frustrada obra son: asociación ilícita para delinquir, colusión, cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible.
El pasado 31 de octubre, el actual gobernador de Cajamarca y titular la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Mesías Guevara, se reunió con el presidente de la República, Martín Vizcarra, para pedir que se fije estándares más rigurosos a los proveedores del Estado y se sancione a aquellos que cometen irregularidades en los procesos de contratación pública.
«Una de las grandes debilidades del Estado es el Sistema Nacional de Contrataciones y Adquisiciones. Se debe fortalecer con urgencia el OSCE, así como los departamentos y gerencias regionales de logística para que filtren adecuadamente a las empresas que postulan a las licitaciones y se tomen en cuenta sus antecedentes. Estos problemas generan retrasos y obras paralizadas», sostuvo.
En septiembre pasado, la región adjudicó la adaptación del expediente técnico del Hospital de San Ignacio a Caysa Asociados S.A.C., la cual deberá culminar su estudio en abril del 2020 para reiniciar la búsqueda de una empresa constructora. El gerente de la subregión Jaén, Ever García Vera, estima que el presupuesto para la obra podrá subir a S/100 millones, por lo que tendrán que pedir una partida adicional al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Los vecinos de la provincia fronteriza ya no confían en sus autoridades debido a estos retrasos: en agosto, sus dirigentes exigieron al alcalde, Ronald García Buré, que viaje a la capital de la región con una comitiva para obtener acuerdos específicos sobre el hospital; y el día que se firmó el contrato para actualizar el expediente técnico los ronderos le propinaron tres latigazos al gerente García Vera por llegar tarde a la cita.
Las alertas se volvieron a encender en la población a fines del 2019, cuando se conoció que la subregión Jaén transfirió S/4,5 millones del presupuesto asignado a la obra para cubrir pagos atrasados en otro proyecto del sector Educación. “Este traspaso de dinero no va a afectar la ejecución del Hospital de San Ignacio, ya hemos coordinado con el MEF la asignación de fondos”, aseguró García.
(Fuente: Ojo Público)
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