Un grupo de ayabaquinos llegó a la sede del Juzgado Anticorrupción de Sullana, donde se tiene programado el inicio de control de acusación contra el alcalde Humberto Marchena Villegas, por el presunto delito de favorecimiento ilegal a su concuñada.
Allí se encuentra el abogado Alberto Borea Odría, quien asumió la defensa del burgomaestre de Ayabaca. Los manifestantes pidieron justicia a viva voz, ante el temor de que la diligencia vuelva a reprogramarse, como ya ha ocurrido cinco veces.
La Fiscalía de Sullana pide 12 años de cárcel para Humberto Marchena Villegas por los delitos de negociación incompatible y colusión. Según la investigación fiscal, la Municipalidad de Ayabaca contrató irregularmente a la profesora Maximina Granadino Cunya, concuñada del alcalde, para servicios de compra de materiales.
Todo apunta a que los contratos habrían sido orquestados con la proveedora, es decir, con Maximina Granadino, quien fue favorecida 13 veces por el municipio provincial entre el 2011 y el 2013, e inhabilitada definitivamente para contratar con el Estado, debido a que presentó documentos falsos e inexactos.
Los funcionarios acusados, para quienes también se pide 12 años de cárcel, son Leonidas Valverde Samaniego, Ricardo Llacsahuanga Castillo, Olinder Garcés Montalván, Teresa Rivera Calle, Marino Tafur Castillo, José Mendoza Siancas y Bianca Nonajulca Ávila.
Para el funcionario Martín García López se pide nueve años de cárcel porque, a diferencia del resto, no participó en todos los procesos. Además, para Maximina Granadino se ha pedido 24 años de prisión.
