El fiscal supremo Avelino Guillén fue un protagonista clave de la historia, después de la caída del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, al liderar al Ministerio Público en los juicios contra los altos funcionarios públicos de aquel gobierno. Con su participación, exministros y exjueces, así como el expresidente Fujimori acabaron purgando largas condenas de prisión por delitos de violación de derechos humanos y corrupción. Recientemente, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, le pidió integrarse a su equipo con el objetivo de encargarse del tema de justicia y lucha anticorrupción.
OjoPúblico entrevistó a Guillén para conocer sus impresiones sobre la contienda que enfrenta a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo y profundizar en la mirada histórica del régimen que gobernó el Perú entre 1990 y el 2000. El exfiscal supremo también hizo un repaso a los últimos años, en los que el fujimorismo ejerció como fuerza dominante en el Parlamento, y al megaproceso por corrupción más importante que lleva el Ministerio Público actualmente: el Caso Lava Jato.
Usted fue el fiscal que llevó al banquillo de los acusados a Alberto Fujimori y a gran parte de su régimen por casos de violaciones de derechos humanos y corrupción. ¿Cómo se contactó con Pedro Castillo y se integró a su equipo técnico?
El profesor Castillo estableció contacto a través de un amigo común. Tuvimos la oportunidad de reunirnos personalmente. Conversamos con amplitud. Le expresé mi preocupación por la situación del país en temas como la corrupción, el sistema de justicia, la democracia, la división de poderes y hubo bastante recepción de parte de él. En esa reunión expresó su voluntad de respaldar posiciones democráticas. Yo tenía un poco de curiosidad, porque los medios lo presentan como un personaje de ultraizquierda. Yo no vi nada de eso en él. Es un hombre pacífico, tranquilo, que sueña con ayudar a lo que él llama los ‘nadie’, los invisibles y los abandonados por el Estado. Tiene esa obsesión y, de alguna forma, las circunstancias del debate electoral son tan fuertes que hoy hablar de igualdad o de justicia parece casi subversivo. Es increíble el nivel al que estamos llegando. En ese sentido, creo que el Perú se juega su destino este 6 de junio y hay una agrupación política, Fuerza Popular, que tiene graves conflictos con la democracia.
Pedro Castillo firmó la proclama para respetar la institucionalidad democrática, que incluye el cumplimiento del periodo presidencial del 2021 al 2026, pero hace poco se difundió una grabación en donde uno de sus congresistas decía que su real intención es permanecer en el poder más allá de ese tiempo.
Respecto del audio del virtual congresista Guillermo Bermejo creo que corresponde al candidato Castillo hacer personalmente un deslinde claro y contundente con estas expresiones. Sin embargo, el fujimorismo ha demostrado a lo largo de los años ser la negación de la democracia, perpetrando un golpe de Estado en 1992, y ahora ellos buscan recobrar el poder para perpetuarse, como lo intentaron antes. Frente a ello, Castillo tiene la responsabilidad histórica de ser el defensor del sistema democrático. En concordancia con los últimos compromisos que Castillo asumió, y al juramento de ayer, se impone un deslinde definitivo frente a lo expresado por el legislador [de Perú Libre].
Keiko Fujimori también firmó la proclama democrática ayer. ¿Cuál es el análisis que hace en una en perspectiva histórica de esta candidata, que representa el legado del padre, y con la mirada puesta en estas elecciones?
Sobre ese legado podemos decir que, a partir del autogolpe de Alberto Fujimori del cinco abril de 1992, y con fundamento, en el Perú se instaló una organización delictiva desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). El centro del poder se trasladó de la Plaza de Armas a la sede del SIN, cuyo jefe real era Vladimiro Montesinos. En esa época todos los poderes políticos, militares y económicos conocían que las decisiones más importantes para el país se tomaban en la salita de dicha entidad y allí acudían empresarios, periodistas, dueños de medios, jueces y hasta miembros del Congreso. En ese lugar se pagaba a todo el mundo con maletas de dinero. Los congresistas del partido fujimorista y los tránsfugas de otros partidos tenían plenos en el SIN. No olvide que estos últimos se cambiaron de bancada a cambio de los pagos realizados por Montesinos bajo orden directa de Fujimori. A eso hay que sumar que el sistema judicial acabó siendo intervenido por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial. Lo mismo ocurrió con el Ministerio Público, que quedó bajo el control y el gobierno de una comisión semejante, dirigida por Blanca Nélida Colan. Igualmente, ocurrió con el Jurado Nacional de Elecciones, que quedó sujeto al poder de Montesinos. Estos hechos están probados con cientos de ‘vladivideos’ filmados por el asesor de la inteligencia de Fujimori.
Keiko Fujimori conoce de cerca lo que ocurrió en dicho régimen. Es por eso que, en esta campaña, la candidata sostiene que ella será la continuidad del régimen de su padre a manera de un retorno al pasado. Para corroborarlo ella ha mostrado a su equipo técnico integrado mayormente por figuras del régimen de su padre, a quien indultará de llegar al gobierno. En el anterior periodo legislativo se vio que Fujimori, ejerciendo una mayoría aplastante en el Congreso, lo único que hizo fue vengarse de Pedro Pablo Kuzcynski por haberle ganado las elecciones del 2016. En tal sentido, el legado que la señora Fujimori recibe es hacer política desde una óptica de la corrupción. La visión que el fujimorismo tiene de una democracia es estrecha y desviada, y no se ajusta a los anhelos y requerimientos del pueblo peruano.
Estando probado por videos y condenas que el régimen de los ’90 captó el Congreso después del autogolpe, compró líneas editoriales de los medios de comunicación y se reunía con la élite empresarial en el Servicio de Inteligencia Nacional, ¿cuál es su apreciación del contexto actual?
En los años ‘90 hubo un control absoluto del fujimorismo con la particularidad de que pagaron millones para controlar la línea editorial de los medios, especialmente de la televisión. Y es que el fujimorismo, siempre que se presenta a elecciones, busca tener toda la ventaja. Es la única forma que entienden. Ellos nunca acceden a competir limpiamente o en igualdad de armas. No lo aceptan. Siempre buscan tener una ventaja abismal contra los contendientes, con la finalidad de asegurar el resultado. La única elección que ellos ganaron limpiamente fue la realizada en 1990, antes que se conozca lo que era el fujimorismo. En todos los comicios siguientes existieron graves cuestionamientos en torno a su participación. Por ejemplo, en 1992 para integrar el nuevo Congreso, luego del autogolpe; en 1993 para el referéndum de la nueva Constitución [que reemplazó a la de 1979]; en 1995 para la reelección y en el 2000 [bajo la interpretación auténtica de la Carta Magna]. En todas estas ocasiones siempre hubo hechos irregulares de parte del fujimorismo.
Hoy, en el 2021, vivimos una situación similar. No hay información plural, independiente y objetiva desde los medios de comunicación masivos. Es por este motivo que el fujimorismo, para conseguir el voto del ciudadano y ganar, necesita de campañas mediáticas para aterrorizar y dar miedo con el objetivo final de torcer la voluntad de los votantes. Actualmente, atosigan y bombardean de propaganda al ciudadano sobre el falso advenimiento del comunismo, el chavismo y el terrorismo. Esto con la idea de que el votante tenga miedo de perder su libertad y, si no es eso, se anuncia que ha subido el pan o el dólar. Así, el fujimorismo tiene a la población sometida al miedo todos los días, desde el 11 de abril. Lo que pretenden con estas campañas es que la ciudadanía acuda a votar con miedo y sin libertad. Cuando debería ser al revés. Un ciudadano debe votar con libertad, con su propia decisión y bien informado.
Si usted analiza y compara el tiempo invertido por los medios de comunicación con los diferentes candidatos, la diferencia es abismal, brutal. ¿Es una elección justa? ¿Podríamos hablar de un proceso ejemplar?
En este contexto, ¿considera que el quiebre de la soberanía ciudadana para ejercer el voto con absoluta libertad es un peligro para la institucionalidad democrática?
Sí, pero además yo tengo claro que el fujimorismo es una amenaza real para la democracia. Si ganan las elecciones el 6 de junio no dejarán el poder el 28 de julio del 2026. Estoy convencido que buscarán cualquier estrategia o salida para perpetuarse en el poder. El hecho de que Fujimori haya firmado un compromiso o juramento, en el sentido de respetar los plazos democráticos, no garantiza nada a la ciudadanía. En el 2016 la señora Fujimori también suscribió compromisos semejantes con el país, seis o siete puntos, pero no cumplió ninguno. Tiene un pésimo concepto de la democracia. Considera que la democracia es una herramienta para servirse a sí misma, el poder para un fin personal.
Esto ya lo vivimos el 2016 cuando, después de perder con Kuzcynski, no aceptó el resultado final y le declaró la guerra al Poder Ejecutivo. Dijo: ‘vamos a gobernar desde el Congreso con nuestros 73 parlamentarios’. Y utilizó esa mayoría aplastante, no para servir al país, sino para los fines personales y de su grupo político. Qué concepto de democracia tiene la candidata cuando, con la mayoría que ella llegó a tener, hubiera podido sacar todas esas leyes que hoy ofrece. Ahí se ve nítidamente su compromiso con el Estado de Derecho.
Se especula mucho y se cuestiona al profesor Castillo y se habla de incertidumbre. Sin embargo, de la señora Fujimori tenemos certezas de su trayectoria. Nunca se pronunció de manera categórica sobre el autogolpe de 1992 y, si mal no recuerdo, asumió el cargo de primera dama entre 1994 y el 2000. Ella conoce, realmente, lo que aconteció en el régimen de su señor padre. Y, en lugar de alejarse de ese gobierno, de manera categórica, dice que será la continuidad de aquella época nefasta y además dice que su padre actualmente es su primer asesor, la persona con la que conversa todos los días.
¿Entonces, ahora que se viste como una supuesta defensora de la democracia los peruanos tenemos que optar por ella? ¿Ahora supuestamente encarna a la democracia y la libertad? Esto es una burla a la memoria de los peruanos.
Como exfiscal del Caso Fujimori usted hace su análisis en base a lo ocurrido entre 1990 y 2000. Hablando del presente, ¿qué le sugiere que Keiko Fujimori postule y al mismo tiempo afronte un proceso por lavado de dinero de Odebrecht?
Si mal no recuerdo, en diciembre del 2020, Fujimori y figuras cercanas a su entorno exigían que el fiscal José Domingo Pérez concluyera con la investigación. Criticaban fuertemente el hecho de que se ampliaran los plazos de la indagación. Luego, en marzo de este año, el fiscal Pérez dio por concluida la investigación preparatoria y presentó una acusación contra 40 imputados, la mayoría, integrantes de Fuerza Popular. Los cargos que presentó el fiscal José Domingo Pérez son muy graves, estamos hablando de delitos como lavado de activos, dentro del marco de una organización delictiva, obstrucción a la justicia, entre otros. Si sumamos la cantidad de años de las penas solicitadas por el Ministerio Público estas superan los 800 años.
Entonces, yo creo que este es un caso que pondrá a prueba la independencia del Poder Judicial. En total, los imputados han presentado alrededor de 16 recusaciones contra los jueces de dicho caso. Primero contra Concepción Carhuancho, hasta que lo sacaron, y ahora contra el juez Víctor Zúñiga, con la finalidad de entorpecer y paralizar el proceso. Ahora las estrategias de bloqueo de la investigación continúan, en plena campaña electoral. Esta es una situación inédita en el Perú. Que una candidata a la presidencia en segunda vuelta exhiba cargos penales tan graves, por parte del Ministerio Público, demuestra la debilidad de nuestra democracia y que ella solo busca impunidad.
La candidata ha dicho en esta campaña que será respetuosa del Ministerio Público y del Poder Judicial de llegar a la presidencia. ¿Cuál es su análisis de las prerrogativas que ella tendría como Jefa del Estado, en medio de un proceso que abarca a otros personajes de su entorno, su esposo y la cúpula de Fuerza Popular cuando ocurrieron los presuntos ilícitos?
El artículo 117 de la Constitución es claro. El Presidente de la República solo puede ser sometido a juzgamiento por cuatro tipos de delitos. El proceso por lavado de activos y otros delitos conexos se tendrá que paralizar hasta el 28 de julio del 2026. Sin embargo, el caso sí continuará para los demás acusados. En ese contexto, es muy difícil que no exista presión, o formas de generar que los testigos protegidos y los colaboradores eficaces, no se ratifiquen en sus versiones incriminatorias. Ahora mismo, en plena campaña electoral, ya vemos una estrategia para apartar a José Domingo Pérez del proceso. Por eso, sucesivamente, se presentan quejas y cuestionamientos contra este fiscal, que luego dan lugar a procesos disciplinarios.
Por ejemplo, la audiencia de presentación de cargos del caso de las esterilizaciones forzadas del gobierno de Alberto Fujimori. ¿Cuántos meses estamos en eso? Y se trata de un caso horrendo, espantoso, crímenes de lesa humanidad ocurridos a partir de 1996 y estamos en 2021 y recién se discute la presentación de cargos. ¿Por qué ocurre esto? Porque las víctimas son personas del Ande, gente pobre. Hay una brutal discriminación contra ellas. En ese sentido, y hago un paréntesis en su pregunta, la pandemia nos desnudó como país. Un sistema de salud pública colapsado y sin recursos. Creo que llegamos a la pandemia con 100 camas UCI, en un país con 33 millones de habitantes, cuando lo mínimo que debíamos de tener era 3.000. Este ejemplo muestra, con absoluta crueldad, la forma en la que está estructurado nuestro sistema económico.
Paralelamente, si Keiko Fujimori llega a ser presidenta, en el Congreso se van a articular una serie de medidas para tirarse abajo el acuerdo con Odebrecht. Lo que buscarán es que los principales colaboradores eficaces, los ejecutivos brasileños, no ratifiquen sus manifestaciones en los procesos por corrupción que se siguen en Perú. Ese será el objetivo. La estrategia fiscal, en el Caso Lava Jato, ha reposado de manera importante en lo dicho por los colaboradores a través de cooperación internacional. Además, dichos testimonios han sido corroborados por testigos en el país. Si se cae el aporte y la colaboración brasileña, será difícil lograr condenas contra los procesados. Desde Alejandro Toledo, Ollanta Humala y hasta el último de los investigados serán beneficiados con esta situación.
Finalmente, si Fujimori alcanza el poder buscarán que los procesos del Caso Lava Jato, el Club de la Construcción y los Cuellos Blancos del Puerto y otros terminen en el archivo.
En el Caso Lava Jato también están involucrados políticos como Toledo, Humala, Kuzcynski, el entorno de corrupción que sobrevive al fallecido Alan García y Keiko Fujimori, todos con agendas políticas diferentes y hasta contrarias a lo largo de los últimos años.
Lo que une a Keiko Fujimori con la clase política, el interés común de estas partes, es que los procesos del Caso Lava Jato se derrumben y terminen en el archivo. Ese posicionamiento los ha aliado. Fácilmente se puede establecer quiénes están a favor de la justicia y la verdad y quiénes a favor de la impunidad. Esta clase política procesada por el Caso Lava Jato finalmente ve la política como un negocio, como una actividad empresarial.
Desde el ‘90, en adelante, todos los presidentes han sido involucrados en procesos por corrupción. Ahora el Caso Lava Jato viene a ser la madre de todas las guerras. La clase política procesada, que estaba destinada a desaparecer, hoy tiene una posibilidad de renacer bajo el gobierno de Keiko Fujimori, a la espera de una situación judicial que los pueda favorecer. Es interesante analizar ese alineamiento, porque permite que el pueblo note el posicionamiento de la política tradicional en medio de esta batalla electoral.
El sistema de administración judicial tuvo su gran desafío después del 2000 y, pese a todo, llevó a prisión a un expresidente, a exfiscales y exjueces supremos, exministros y exgenerales. ¿Considera usted que hoy estamos reviviendo aquella lucha anticorrupción?
Efectivamente, esta elección se inserta en ese gran objetivo. Dependerá mucho de la fortaleza del Ministerio Público, ver cómo van a reaccionar. Como institución, nos guste o no, la actuación de la Fiscalía en estos años, sobre todo por parte del Equipo Especial Lava Jato, es valiente e histórica. Tuvieron el valor de someter a juicio a líderes políticos, casi todos los expresidentes del Perú, que parecían intocables. Dentro de unos años, y a la luz de la distancia, el Caso Lava Jato será materia de estudio profundo. Sobre todo, cómo empezaron los procesos, los bloqueos de parte de los procesados y todo lo que aquellos hicieron para impedir, en primer lugar, que los ejecutivos brasileños [Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, entre otros] brindaran su testimonio ante las autoridades peruanas; y, luego, los acuerdos de colaboración firmados por el Poder Judicial con Odebrecht.
En ese sentido, hay una serie de circunstancias que generan mucha preocupación. Es importante tener en cuenta que este proceso electoral es un capítulo más dentro de la historia del Caso Lava Jato, quizás el más decisivo, porque la suerte de los megaprocesos anticorrupción de este Bicentenario acabarán definiéndose el 6 de junio. No es tanto el modelo económico. El partido de fondo será la lucha para tirarse abajo el Caso Lava Jato. Ese, finalmente, será el trofeo.
Por ello estamos ante una disyuntiva clara: o se da continuidad al proceso contra la corrupción de Odebrecht en el Perú, con un Poder Judicial fuerte y una Fiscalía respetada; o todo esto termina en un sueño de lo que pudo ser y que al final acabará en la impunidad. Esto es, realmente, lo que nos jugamos. Por eso creo que el buen periodismo tiene que cumplir la labor de informar a la opinión pública estas circunstancias, así como lo que nos estamos disputando. Informar cuál es realmente el partido que va a jugarse el 6 de junio y los equipos que se enfrentan. En resumen, en estos comicios se juega el partido histórico del Caso Lava Jato entre un equipo que busca la justicia y otro que busca la impunidad.
Castillo indicó en las últimas semanas que respetará el Estado de Derecho, pero en discursos previos había mencionado el cierre del Congreso, el Tribunal Constitucional y la Defensoría a inicios de la segunda vuelta. ¿Confía usted en que el nuevo plan de 100 días y la firma de la proclama democrática, junto a Keiko Fujimori, supone otro capítulo respecto a lo escrito por Vladimir Cerrón en el ideario de Perú Libre?
Creo que es una revisión de posturas respecto de aspectos que ocasionan serios cuestionamientos o debates. Es hora de convocar a los peruanos a una cerrada defensa de la democracia y, sobre todo, en defensa del sistema anticorrupción. Lo que corresponde es que el profesor Pedro Castillo, frente a la opinión pública, confirme que es un candidato que defiende la democracia, la institucionalidad, la separación e independencia de poderes, así como la autonomía de los organismos del Estado. Lo hizo en el juramento impulsado por la Iglesia Católica. Además, alentar en el Perú un clima de paz y concordia, para enfrentar adecuadamente a la pandemia. Tenemos un enemigo superior que nos acecha y nos está masacrando, que es la Covid-19. En esa línea, Castillo tendrá que asumir ese liderazgo. Su mejor carta de presentación, en este momento, es que él no tiene el pasado de Keiko Fujimori. Esa es la gran diferencia.
Fujimori disputó dos segundas vueltas con Humala y Kuzcynski. ¿Cuánto cambia la incorporación de un nuevo equipo técnico y otra propuesta de plan de gobierno de 100 días frente a una candidata de mayor experiencia en este tipo de fase electoral?
Yo hablé con el profesor Castillo sobre la magnitud de a quién se estaba enfrentando, y que no era una simple candidata, ya que ella representa una suma de intereses poderosos. Yo considero que esto es una trilogía del poder integrada por la élite empresarial, desde importantes medios de comunicación, algunas encuestadoras que son especialistas en causar temor y que dejan entrever un voto estratégico o voto de conveniencia para ir encauzando el río hacia un objetivo determinado; y finalmente un grupo de empresarios y banqueros entorno a la Confiep. Curiosamente en este último grupo, de dueños de grandes conglomerados económicos, hay algunos que fueron aportantes clandestinos de Fuerza Popular en el 2011, motivo por el cual han debido someterse a dichos procesos. A todo aquello se enfrenta el profesor Castillo. Puedo estar equivocado, pero desde mi lectura yo veo esto. Creo que él es consciente de la magnitud histórica de la contienda en la que está involucrado.
Este artículo fue publicado originalmente en Ojo Público
