El pasado 14 de noviembre de 2020, los jóvenes Inti Sotelo Camargo (24) y Bryan Pintado Sánchez (22), fueron asesinados mientras participaban de las marchas de protesta por el golpe de Estado que puso a Manuel Merino en el sillón presidencial por 5 días.
A un año de este suceso, poco o nada se ha hecho para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, pese a que el 15 de noviembre de 2020, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició una investigación para esclarecer la presunta responsabilidad de las autoridades de ese entonces, Manuel Merino; el primer ministro Ántero Flores-Araóz y el ministro del interior Gastón Rodríguez.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Marina Navarro, remarcó que hay evidencias de diferentes instituciones sobre la vulneración de los derechos humanos durante la protesta donde los jóvenes fueron asesinados. Sin embargo, la denuncia constitucional se encuentra ahora mismo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde no se registra mayor avance.
“Lo que tiene que hacer el Congreso es facilitar el espacio para que la ciudadanía completa conozca la verdad y haya justicia. Para eso se tiene que hacer una investigación judicial, el Congreso debe acelerar todo el proceso para esclarecer los hechos y poder determinar si estas personas han sido las causantes”, puntualizó.
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Reparación urgente para los heridos
En entrevista con Cutivalú, Marina Navarro destacó que la violencia brutal por parte de las fuerzas policiales durante las protestas dejaron 78 personas heridas de gravedad, sin contar a las víctimas que resultaron heridas en menor grado. Sin embargo, a un año de la tragedia, ninguna persona se ha hecho responsable de esos daños.
“No se han dado reparaciones integrales. Una de las víctimas perdió un ojo y tuvo que ser atendida de manera particular… Muchos han tenido que dejar de trabajar o estudiar, un bailarín por ejemplo ya no va a poder dedicarse a ello. Eso necesita una reparación que no se está dando… es urgente que ahora mismo, para todas las personas heridas deben darse sus reparaciones”, remarcó.
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Sobre Ley de Protección Policial
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú hace un llamado a las autoridades judiciales a no aplicar la Ley de Protección Policial (Nº 3110) que, en violación del derecho internacional de los derechos humanos, deja abierta la posibilidad para que el uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional quede en la impunidad.
“La ley de protección policial es un mensaje claro de impunidad. Los policías pueden apelar a esa ley que deroga el principio de proporcionalidad… Si hubiera casos violentos… La policía no puede usar armas de fuego, no podría usar nunca una fuerza mayor de la que se necesita para terminar con la agresión, pero esta ley deroga el principio y hace que el policía tampoco pueda tener prisión preventiva”, enfatizó.
