La madrugada del 28 de setiembre pasado, la Comisión Permanente del Congreso resolvió destituir, inhabilitar y acusar por tres delitos al ex juez César Hinostroza. Sin embargo, no aprobó acusarlo de pertenecer a una organización criminal. Esto significaba que el ex magistrado no podía ser investigado por ese delito en el Ministerio Público, cuando un informe fiscal señalaba que era el presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
La decisión de no acusarlo en ese extremo contó con el apoyo de 18 legisladores de Fuerza Popular y de Juan Sheput (Peruanos por el Kambio), quien al final de la jornada pidió una reconsideración y cambió su voto a favor.
Ese 28 de setiembre, a las 2 a.m., la legisladora Alejandra Aramayo expresó en el chat denominado La Botica su malestar porque una intervención de su colega Mario Mantilla habría permitido que el oficialista Juan Sheput cambie su voto. “Ahora solos hemos blindado a Hinostroza”, escribió. Mientras tanto, el legislador Héctor Becerril lanzó un insulto contra el gobierno y el referéndum.
La segunda conversación de este chat es sobre una nota periodística que fue compartida y comentada en términos ofensivos por Leyla Chihuán. Incluso Pier Figari, asesor de Keiko Fujimori, calificó de “prostiprensa” a un sector del periodismo.
Consultado al respecto, Figari señaló a este Diario: “Mis opiniones privadas, acertadas o equivocadas, estén de acuerdo conmigo o no, son solo eso, opiniones privadas de un asesor político que nada tienen que ver con un tema de lavado de activos que es de lo que se me acusa”. La legisladora Chihuán no respondió.
El 23 de setiembre pasado, Héctor Becerril compartió por La Botica una nota periodística que daba cuenta de que el informe final de la denuncia constitucional en su contra, por supuestamente intentar influir en las elecciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el 2017, recomendaba destituirlo e inhabilitarlo por cinco años en la función pública. La noticia desató la molestia de sus compañeros de bancada.
El 10 de octubre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso desestimó, por ocho votos contra cinco el informe acusatorio que había sido elaborado por César Vásquez (Alianza para el Progreso). Cinco días después, la Comisión Permanente archivó la denuncia.
Karina Beteta señaló: “Lamento que una conversación privada de una bancada se haya convertido en tema de agenda de los medios de comunicación”.
Luz Salgado sostuvo: “Respecto a mi participación, yo consulto porque no me acuerdo qué dice el reglamento para ese tipo de cosas. Me parece muy mal que se hayan intervenido chats privados. Son conversaciones privadas de una organización política”.
(Fuente: El Comercio)
