Por: Oscar Altamirano, coordinador de Prensa de Cutivalú
Hay algo profundamente absurdo en lo que ocurre con el río Piura. Cuando por fin las máquinas entran al cauce para retirar el sedimento que durante meses nadie retiró, aparecen los delincuentes para decir que hasta la arena tiene dueño. Y no es una exageración.
Esto se conoció luego de que los trabajadores de la descolmatación en la zona de la represa Los Ejidos fueron amenazados por sujetos armados que llegaron en motocicleta. Las labores tuvieron que paralizarse temporalmente y luego retomarse con presencia policial.
Hasta ahora, no se ha acreditado una extorsión en el sentido tradicional de cobrar cupos. Quien estaría detrás de las amenazas sería una banda criminal que pretenden controlar el transporte, los botaderos y la comercialización ilegal del material que sale del río. La Policía calcula que se extraen más de 15 volquetes diarios y que cada carga puede venderse ilegalmente en unos 350 soles. Hagan ustedes la cuenta: alrededor de 5 mil 250 soles diarios que alimentaría este negocio clandestino.
«El río no entiende de feriados, elecciones, cambios de gestión ni excusas burocráticas. Y mucho menos entiende de amenazas. Si la maquinaria se detiene, el sedimento se queda y la capacidad del cauce se ve comprometida»
Es decir, mientras el Estado intenta sacar la arena del río para reducir el riesgo de una inundación, otros quieren sacar provecho de ese mismo proceso. ¡Qué eficiencia criminal! Hasta la prevención contra el Fenómeno El Niño encontró su propio mercado negro.
Pero el problema no es solamente la amenaza. Es lo que viene después, porque la paralización de estos trabajos no significa simplemente que una excavadora se quede estacionada. Significa dejar sedimentos dentro de un cauce que necesita recuperar capacidad antes de que lleguen las lluvias intensas. Significa perder días de trabajo. Significa maquinaria detenida, combustible ya pagado que se desperdicia, trabajadores esperando y dinero público comprometido. Significa, sobre todo, aumentar la preocupación de miles de familias del Bajo Piura que conocen, perfectamente, lo que significa que el río se salga de control.
El río no entiende de feriados, elecciones, cambios de gestión ni excusas burocráticas. Y mucho menos entiende de amenazas. Si la maquinaria se detiene, el sedimento se queda y la capacidad del cauce se ve comprometida. Si llegan lluvias importantes, serán los habitantes de Piura, Castilla y el Bajo Piura quienes terminen pagando la factura. En 2017 ya vimos esa película. No hace falta volver a verla para recordar el final.
«La protección policial es necesaria, por supuesto. Pero no debería ser la única respuesta. Capturar a un sujeto para la fotografía del día no desarticula una organización criminal«
Y en todo esto, ¿dónde está la Policía para adelantarse al problema? ¿Qué está haciendo en todo este ciclo de amenazas? La Policía Nacional tiene una estructura que -se supone- es especializada para intervenir en el ámbito de las obras civiles. En Piura, la Unidad de Obras Civiles ha participado en operativos de prevención, identificación y control en proyectos públicos y privados. Incluso en 2025 la Fiscalía de Prevención del Delito exhortó al personal especializado a realizar patrullaje preventivo y controles de identidad en obras civiles.
Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Por qué seguimos llegando después de las amenazas? ¿Por qué la estrategia parece consistir en colocar policías cuando los delincuentes ya llegaron, fotografiaron la obra, amenazaron a los trabajadores y obligaron a detener las máquinas? La protección policial es necesaria, por supuesto. Pero no debería ser la única respuesta. Capturar a un sujeto para la fotografía del día no desarticula una organización criminal.
Y aquí las autoridades políticas tampoco pueden mirar hacia otro lado. ¿Por qué siempre los alcaldes y gobernadores hacen «prevención» cuando la lluvia ya está tocando la puerta?
La Policía anunció que está identificando a los integrantes y cabecillas de los grupos que pretenden controlar los botaderos. Bien. Ahora, queremos resultados. Queremos nombres, investigaciones, capturas. Queremos evidencias, operaciones de inteligencia. Queremos que se desarticule a la organización completa.
Si cada vez que aparece una amenaza, y el Estado responde poniendo un patrullero al lado de una excavadora, entonces las mafias habrán descubierto la fórmula perfecta: amenazar una obra y convertir a la Policía en su escolta gratuita.
Y aquí las autoridades políticas tampoco pueden mirar hacia otro lado. ¿Por qué siempre los alcaldes y gobernadores hacen «prevención» cuando la lluvia ya está tocando la puerta?
«La prevención no consiste en correr cuando faltan semanas para que lleguen las lluvias. Prevenir era descolmatar cuando el río estaba tranquilo»
La Contraloría advirtió en julio de este año que el Gobierno Regional de Piura todavía no iniciaba los trabajos de limpieza y descolmatación del río, pese a que la temporada de lluvias se aproximaba. También, señaló que el cauce había perdido capacidad y que se requerían recursos importantes para las labores de mitigación. Entonces, ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué las autoridades reaccionan cuando el calendario los pone contra la pared?
La prevención no consiste en correr cuando faltan semanas para que lleguen las lluvias. Prevenir era comenzar antes, era programar, era presupuestar. Prevenir era descolmatar cuando el río estaba tranquilo y no cuando las máquinas trabajan contra el reloj. Pero, en Piura parece que las autoridades desarrollaron una peculiar especialidad: administrar el desastre con cara de sorpresa.
«El Bajo Piura no puede pagar otra vez la factura de la ineficiencia del gobernador y de sus alcaldes. La población no necesita discursos tranquilizadores. Necesita que el Estado haga su trabajo»
El Bajo Piura no puede pagar otra vez la factura de la ineficiencia del gobernador y de sus alcaldes. La población no necesita discursos tranquilizadores. Necesita que el Estado haga su trabajo. Necesita que las obras de prevención continúen. Y necesita autoridades políticas que entiendan que la prevención no se inaugura con una ceremonia ni se anuncia con una fotografía. Simplemente, se ejecuta.
Si los delincuentes y extorsionadores consiguen paralizar una obra preventiva mediante amenazas, las autoridades habrán permitido que una banda criminal tenga capacidad para decidir cuándo el Estado trabaja y cuándo no.
