La Contraloría General de la República detectó que funcionarios del Gobierno Regional de Piura realizaron pagos por concepto de labores realizadas fuera del horario de trabajo (horas extras) para personal administrativo activo por cierre de ejercicio presupuestal y financiero 2023, por alrededor de 165 mil soles.
En total fueron 104 trabajadores de los regímenes laborales N 276 y N 1057, durante los meses de noviembre y diciembre del 2023 quienes se beneficiaron de estos pagos. Es decir, se canceló S/135 mil 004 a 78 trabajadores del D.L. 276, S/29 mil 376 a 25 servidores por el D.L. 1057 y a un locador por mil 280 de soles.
El informe de control también dio a conocer que los jefes de las oficinas de Contabilidad, Abastecimiento, Recursos Humanos, Tecnologías de la Información, Tesorería y Gerencia de Presupuesto, solicitaron autorización para que su personal trabaje fuera del horario laboral. Sin embargo, las actividades de su plan de trabajo eran iguales a las establecidas en su Manual de Organización y Funciones (MOF).
Además, se informó que el jefe de Administración presentó las actividades de cierre 2023 al gerente general, incluido el pago de horas extras al personal. Se confirmó la disponibilidad de pago por Recursos Directamente Recaudados (caja chica).
Pagos irregulares
Cabe precisar que la ley Nº 31368, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2023, prohíbe la entrega de estímulos, así como el pago de horas extras (prestaciones del trabajador fuera de horario en su centro de trabajo), por lo que el GORE transgredió la normativa presupuestaria y ley que regula estos gastos.
Tras las irregularidades determinadas, se identificó presunta responsabilidad civil y administrativa bajo el Proceso Administrativo Sancionador de Contraloría en cinco funcionarios del GORE Piura.
Ante ello, el jefe de Administración, Ángel Caicay Ramos, indicó que estos estímulos se vienen dando desde años anteriores (2021, 2022 y 2023), pese a que SERVIR estableció que este tipo de pagos solo pudieron ser percibidos legalmente hasta antes de entrar en vigencia la ley del Sistema Nacional de Presupuesto, es decir antes del 1 de enero de 2005.
