Una nueva investigación para determinar las responsabilidades de los efectivos policiales que planificaron y efectuaron las acciones de represión durante las protestas de noviembre del año pasado, que culminaron con la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado y más de 70 heridos, ordenó el Tribunal de Disciplina de la Policía.
La sala vio el caso en última instancia, luego de que Inspectoría de la Policía absolvió a los entonces subcomandante de la Policía Nacional del Perú, general Jorge Lam Almonte; al exjefe de la Región Lima general Luis Cayas Medina; y otros nueve oficiales que participaron en la preparación del operativo para disuadir las manifestaciones contra el régimen de Manuel Merino realizadas entre el 9 y 15 de noviembre del 2020.
En el documento, de 123 páginas, se señala que el procedimiento administrativo inicial obvió una serie de procedimientos indispensables, por lo que anuló la primera resolución administrativa, que hallaba responsabilidades en los once oficiales, así como la decisión de Inspectoría, de absolverlos. Es decir, todo vuelve a fojas cero.
Argumentan que se contravino la normatividad al no haber descrito los hechos concretos imputados y la tipificación de las presuntas infracciones en la resolución de inicio.
Como se recordará, la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior dispuso una investigación que culminó hallando responsabilidades graves y muy graves en los generales Lam y Cayas, así como en los coroneles Carlos Villafuerte Salas, quien fue jefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE), y Alberto Tenorio Gamonal, de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), además de siete comandantes.
Entre las infracciones que les atribuyeron, figuran que contravengan procedimientos de los planes de operaciones; que realicen acciones no autorizadas; que fracasen en el cumplimiento de la misión; que incumplan directivas, reglamentos y protocolos regulados.
Falta de valoración
El Tribunal de Disciplina Policial, presidido por Alfonso Salas Noboa, concluye que el órgano de investigación no valoró de forma adecuada los indicios de la “presunta comisión de infracciones muy graves vinculadas al uso de la fuerza en forma innecesaria o desproporcionada”, así como que se actuó con negligencia, lo que trajo como consecuencia muertes y lesiones graves.
Además, indica que se habría contravenido deliberadamente los procedimientos operativos de los planes de operaciones establecidos en la normatividad vigente.
La resolución advierte que durante la investigación no se tomó en cuenta una serie de partes policiales sobre hechos importantes, como los disparos al aire con arma de fuego realizados por un suboficial en la marcha del 12 de noviembre del 2020, y que “denotaría la existencia de indicios de una infracción grave” por no haber habido causa justificada para ello.
Nuevas acciones
La sala aclara que la nulidad no alcanza las acciones probatorias y de investigación realizadas por la Oficina de Asuntos Internos.
Y al mismo tiempo ordena que se recabe las declaraciones de los agraviados en las movilizaciones realizadas entre el 9 y el 15 de noviembre del año pasado, así como las pericias balísticas realizadas al armamento.
Asimismo, la resolución dispone que se incorpore en el expediente el enlace enviado por los abogados de los familiares de las víctimas en el que hay una serie de videos de las manifestaciones, los mismos que deben ser visualizados en la investigación.
Garantizan indagación imparcial
El ministro del Interior, Avelino Guillén, aseguró que su cartera nombrará personas imparciales para investigar nuevamente los sucesos que ocasionaron la muerte de dos jóvenes y dejó decenas de heridos el 14 de noviembre del 2020, tal como lo ordenó el Tribunal de Disciplina Policial.
Afirmó que llevarán adelante una indagación pulcra, sin cuestionamientos y con absoluta rigurosidad.
Guillén garantizó que se realizará una pesquisa a fondo sobre las probables violaciones a la normas e inconductas de carácter disciplinario.
Paralelamente se lleva a cabo una investigación en la Fiscalía.
Vuelve a fojas cero
En última instancia, el tribunal policial resolvió reiniciar el proceso administrativo disciplinario.
