Hoy, a partir de las 10:00 de la mañana, los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC) evaluarán y decidirán si el Estado puede reclamar deudas tributarias por 9.256 millones de soles a 158 grandes empresas nacionales y transnacionales.
Ninguna de las empresas beneficiarias impulsa la demanda, pero todas estarán a la expectativa de lo que se discuta y decida. La demanda fue presentada por el Colegio de Abogados de La Libertad, con sede en la ciudad de Trujillo, siendo decano Manuel Montoya Cárdenas.
La presentaron y se olvidaron, tal es así que la actual junta directiva del mencionado colegio profesional ha presentado un escrito desistiéndose, lo cual no es procedente. Lo hacen para salvar su prestigio.
Del trámite se encargó la abogada trujillana Martha Bringas Gómez, con la asesoría gratuita de los abogados Silvia Muñoz Salgado y José Gálvez Rosasco, del estudio de abogados Gálvez & Dolorier, una “boutique” legal especializada en derecho tributario.
En conversación con La República, el decano de los abogados de Trujillo que presentó la demanda, Manuel Montoya, declaró que ellos solo se relacionaron con la doctora Bringas y que desconocen cualquier otra asesoría de algún abogado de Lima.
Montoya tampoco tenía conocimiento que para fortalecer la demanda. Bringas y sus asesores presentaron tres informes jurídicos de los prestigiosos abogados César Landa Arroyo, José Palomino Manchego y Víctor García Toma.
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Constitución
La demanda pretende que se declare el decreto legislativo 1421 que estableció los plazos que tiene la Sunat para fiscalizar a un contribuyente y luego determinar la posible deuda tributaria y poder cobrar.
La administración tributaria señala que tiene cuatro años para fiscalizar y, a partir de ese momento, otros cuatro años para establecer la deuda y cobrarla, y que el mencionado decreto reiteró esta práctica.
El magistrado Ernesto Blume ha presentado un proyecto de sentencia en el que se da la razón a los demandantes y se señala que el Gobierno se excedió al dar esa norma y que, además, es retroactiva, por tanto, inconstitucional.
Esa será la base de la discusión. Los demandantes dicen que su visión de los hechos favorecerá a millones de contribuyentes anónimos. Lo que se ha podido conocer es que favorecerá a grandes empresas como: Buenaventura, Southern, Consorcio Minero, Latam, Telefónica, Odebrecht, Graña y Montero, Interbank y el Banco Pichincha.
Fuente: La República
