El Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han denegado las medidas cautelares presentadas por Patricia Benavides para anular la investigación y suspensión emitidas por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en relación con su cargo como fiscal de la Nación.
El 2 de febrero, el Tribunal Constitucional rechazó un recurso del Ministerio Público para suspender las investigaciones por la remoción de fiscales, indicando que las acciones de la JNJ no exceden el marco constitucional y legal de sus competencias.
La Fiscalía de la Nación argumentó que las resoluciones de la JNJ infringía la autonomía establecida en la Constitución, a lo que el TC respondió que la no suspensión cautelar no generaría efectos perjudiciales irreversibles.
En la misma fecha, el Poder Judicial también rechazó la medida cautelar de Benavides para anular su suspensión como fiscal de la Nación, resaltando la necesidad de demostrar verosimilitud en la evidencia de un derecho a proteger.
Según la extitular del Ministerio Público, las resoluciones de la JNJ (la que da inicio al proceso disciplinario inmediato y la que la suspende preventivamente del cargo por 6 meses) vulnerar su “derecho al debido procedimiento administrativo, en lo que corresponde al derecho a ser procesado por un órgano competente, independiente e imparcial”. También dice que se violó su derecho a la defensa.
Según la resolución, los siete magistrados Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Dominguez Haro, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez determinaron que la solicitud de Benavides no cumplía con los requisitos necesarios para su aceptación.
Investigación contra Benavides
La exfiscal de la Nación enfrenta investigaciones por siete presuntos delitos durante su gestión, incluyendo organización criminal, tráfico de influencias y falsedad ideológica. La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha iniciado una investigación preliminar en su contra, acusándola de liderar una red criminal y pactar con congresistas para obtener apoyo político.
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