El sábado 19 de diciembre, el alcalde de Tambogrande, Alfredo Rengifo Navarrete, se reunió con el Comité Técnico de Lucha para la derogación de los decretos supremos emitidos por el Gobierno de Francisco Sagasti, que busca reactivar la actividad minera en el valle de San Lorenzo.
Este comité acordó presentar un memorial al Gobierno central, al Congreso de la República y al Ministerio de Energía y Minas, solicitando la derogación de los decretos. Además, se propuso realizar un paro distrital y el viaje de una comisión de alto nivel a Lima.
El economista Darío Castillo Lalupú, indicó que se acercará un memorial firmado por los pobladores de Tambogrande, rechazando la intervención minera en el distrito y pidiendo la derogatoria del decreto que la permite. “Están atentando contra la soberanía del país y consideramos que esos decretos son inconstitucionales”, destacó Castillo Lalupú.
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Por su parte, el Presidente de la central de Rondas Campesinas Germán Juárez se comprometió a recolectar firmas para el memorial. Para ello, el regidor Wilmer Riofrío García, solicitó el apoyo de la población para que se sume a la firma colectiva. “Es para el bien de nosotros y de nuestros hijos”, señaló
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El presidente de la Asociación de alcaldes de Tambogrande, Ing. Cristian Carreño, se comprometió a hacer extensiva la difusión para defender la agricultura, y exigir que se derogue esta ley por lo que propuso que se difunda por todos los medios locales y regionales.
Al finalizar la asamblea, los miembros del comité coincidieron en que el objetivo de su pronunciamiento es dar a conocer al ejecutivo que la agricultura en Tambogrande es la actividad económica primordial y se responsabilizará al gobierno por las consecuencias de permitir la intervención minera en el distrito.
Congresista solicita derogatoria
Ayer, lunes 21 de diciembre, la congresista por Piura, Angélica Palomino Saavedra envió el oficio 00423 al ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, solicitando la derogatoria de los decretos Nº 027 y 028-2020-EM, por “atentar contra la estabilidad social de Piura”.
La parlamentaria recordó a Gálvez Delgado que, en junio del 2002, el 96% de la población de Tambogrande rechazó la actividad minera en el distrito. “Las mismas fuerzas vivas que hoy ven con preocupación y malestar que el gobierno de transición emita dispositivos legales que deberían ser consultados previamente con las autoridades y representantes de la región”, indicó la congresista en el documento emitido.
