La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este viernes 16 de febrero el informe final que recomienda destituir e inhabilitar 10 años de la función pública a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuesta infracción constitucional.
El informe final recibió 14 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Nuevamente, congresistas de Perú Libre y Fuerza Popular votaron en el mismo sentido.
El informe, elaborado por el congresista Esdras Medina, quien previamente fue recusado por los miembros de la JNJ, señala a varios integrantes de la Junta por supuestamente infringir el artículo 156 de la Constitución. Este artículo establece que para ser consejero se requiere tener una edad mínima de 45 años y una máxima de 75.
Entre los señalados en el informe figuran Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry. Según el documento, la decisión de la JNJ se basó en un informe técnico emitido por la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir), el cual concluyó que el rango de edad establecido en la Constitución es aplicable únicamente al momento de la postulación.
Congreso contra la JNJ
El informe final también menciona que exmiembros de la Comisión Especial JNJ, como Ernesto Blume, Walter Gutiérrez y José Lecaros, coincidieron en que el rango de edad es una «condición de entrada y una condición de permanencia» en la JNJ.
Sin embargo, Blume, en 2019, estaba al tanto de la edad de Tello de Ñecco y expresó su apoyo a que permaneciera en su cargo durante los 5 años de mandato.
Además, el informe cuestiona la autoridad de Servir para interpretar la Constitución de manera vinculante, a pesar de que la ley que crea esta institución le otorga la función de emitir opiniones técnicas vinculantes en las materias de su competencia.
Si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprueba el informe final, este pasará a la Comisión Permanente para su discusión y votación. Sí se aprueba irá al Pleno del Congreso. Dado que implica una propuesta de inhabilitación, se requerirá el voto de dos tercios del número legal de congresistas, excluyendo a los parlamentarios que forman parte de la Comisión Permanente.
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