En una supervisión a siete comisarías de los distritos de Piura y Sullana, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura pudo constatar las graves deficiencias que presentan en los ámbitos logístico y operativo, lo que dificulta la labor de lucha contra el incremento del crimen en diversos puntos de esta región.
Solo el 42 % del personal policial cumple labores de vigilancia en la vía pública, lo que resulta insuficiente para una población superior a 400 mil personas.
La supervisión comprendió a las comisarías de Piura y Los Algarrobos, en el distrito de Piura; así como las de Castilla, Tacalá y El Indio, en el distrito de Castilla; San Martín en Veintiséis de Octubre; y Sullana, en el distrito del mismo nombre. En dichas dependencias el 24% de efectivos policiales realizan patrullaje a pie y 18% lo hacen en vehículos. Asimismo, cerca de la mitad de los vehículos policiales asignados se encuentren fuera de servicio, entre las que se pudo constatar la presencia de camionetas, automóviles y motos lineales.
Así lo sostuvo el jefe de la Oficina Defensorial de Piura, César Orrego, quien hizo mención especial al caso crítico que se presenta en la comisaría de El Indio, ubicada en el distrito de Castilla, donde la totalidad de las camionetas asignadas para las labores de seguridad ciudadana se encuentran en estado inoperativo, contando únicamente con 02 motos lineales para el patrullaje motorizado.
Una situación similar se presenta en la comisaría de Tacalá, donde se verificó la presencia de 04 camionetas inoperativas; mientras que en el establecimiento policial de San Martín se pudo constatar que la mitad del parque automotor se encuentra fuera de servicio.
“Resulta preocupante la cantidad de vehículos con las que cuenta actualmente la autoridad policial, la cual resulta insuficiente. A ello se suma la falta de dotación de combustible, dificultando la calidad del servicio a la ciudadanía”, sostuvo Orrego.
Cabe destacar que los referidos hallazgos forman parte de la supervisión que a nivel nacional viene desarrollando la Defensoría del Pueblo para conocer las condiciones en que la PNP hace frente al aumento de la criminalidad en el país.
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