El tráfico de tierras continúa afectando a los comuneros de la región Piura. Esta vez, los comuneros de San Martín de Sechura reclamaron que distintas empresas, no identificadas aún, están invadiendo el territorio sechurano.
Por ello, los pobladores se organizaron y señalaron que tomarán acciones para prevenir conflictos como los vistos en San Juan Bautista de Catacaos, donde tres comuneros fallecieron en medio de conflictos por la disputa de terrenos.
Isidro Fiestas Chunga, dirigente de San Martín de Sechura, señaló que los comuneros han convocado a distintas instituciones, como el Ministerio de Cultura y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), para informarse sobre cómo proceder ante el tráfico de tierras en las localidades.
“Como comuneros, tenemos derechos que deben ser respetados. A veces, por ignorancia, no defendemos lo que nos pertenece por posesión, por eso es importante que tengamos conocimiento de las herramientas que nos ayudan a hacer frente al problema de tráfico”, sostuvo.
La defensa de los comuneros
Entre las normas y leyes que defienden los derechos de los comuneros, se mencionó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un tratado de rango constitucional que brinda una protección al derecho de las comunidades campesinas sobre su territorio.
El artículo 1 del convenio 169 señala que los pueblos son considerados indígenas por descender de poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista, la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
En este sentido, la abogada del Ministerio de Cultura, Melina Seminario, indicó que, para ser reconocidos como pueblos indígenas, los comuneros deben conservar y reforzar costumbres de Sechura, valores y tradiciones que les caracterizan, como conocimientos, creencias, comida, entre otras.
“Sabemos que han sido vulnerados, pero la idea es que el Estado y la ciudadanía dejen de verlos sólo como grupos minoritarios, deben verlos también como personas organizadas que luchan por sus derechos”, señaló.
El abogado del CIPCA, Cristopher Videla, pidió a los representantes del Ministerio de Cultura que las capacitaciones sobre pueblos indígenas y tráfico de tierras sean también llevadas a las comisarías y fiscalías, pues, como entes encargados de recepcionar las denuncias sobre tráfico, también cometen irregularidades.
“He sido testigo de que, en las comisarías, los comuneros son discriminados por sus costumbres. ¿Cómo podemos reforzar su identidad cultural si esta es motivo de discriminación? Por ello, es fundamental que el Ministerio de Cultura también lleve la información a las instituciones competentes”, acotó.
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