Salaverry deslinda responsabilidad del Congreso por fuga de Hinostroza

"El Congreso no es la institución responsable de custodiar nuestras fronteras", dijo el presidente del Legislativo.

Daniel Salaverry, presidente del Congreso. (Foto: Trome)

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró que «es falso» que por la demora del envío del expediente de César Hinostroza al Ministerio Público, se habría generado una «probable fuga» del ex vocal supremo.

«El Congreso no es la institución responsable de custodiar nuestras fronteras. Es el Ministerio del Interior. Tampoco el presidente del Congreso es responsable de ubicarlo [a César Hinostroza]. Eso le corresponde a la Policía Nacional», dijo hoy en un pronunciamiento desde el Palacio Legislativo.

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Daniel Salaverry señaló que la Mesa Directiva que preside actuó «de manera diligente» desde que el pleno aprobó destituir, inhabilitar y denunciar penalmente a César Hinostroza y a los cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Por lo tanto, agregó, lamentaba que se «use políticamente» y que algunos parlamentarios pidan su renuncia.

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«Lamento muchísimo que se quiera hacer una utilización política de esta irregularidad administrativa. Lamento el uso político solicitando al presidente que dé un paso al costado, que renuncie o por ahí insinuando que van a presentar moción de censura nuevamente», afirmó.

Consideró que los pedidos de renuncia y la «inestabilidad constante» benefician a quienes están siendo procesados aún en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

«Me quieren responsabilizar a mí por una fuga cuando este señor tenía hace varios meses un impedimento de salida del país. La Mesa Directiva, y yo personalmente me seguiré manejando de manera objetiva, responsable e imparcial», remarcó.

Asimismo, precisó que la demora en el envío del expediente de Hinostroza al Ministerio Público también va a generar el inicio de una investigación «profunda» por si existe alguna responsabilidad penal. Precisó que instruirá, de ser necesario, al procurador público del Congreso para que haga las denuncia penal respectiva.

(Fuente: El Comercio)