El pleno del Congreso de la República aprobó este martes investigar a los funcionarios y autoridades del Gobierno Regional, así como a las empresas que tuvieron a cargo el millonario Proyecto Alto Piura (Peihap), porque con el pasar de los años solo evidencia un despilfarro de dinero en arbitrajes perdidos, paralizaciones injustificadas y lo más grave, el abandono de los trabajos.
El congresista piurano Hernando Cevallos Flores (Frente Amplio) precisó que su pedido fue aprobado por unanimidad y estipula que en un plazo de 120 días se investigue todas las incidencias en torno al Proyecto Alto Piura, desde el 2009 hasta la actualidad.
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Ello quiere decir que están incluidas las tres últimas gestiones: de los expresidentes regionales César Trelles Lara y Javier Atkins Lergios, así como la del actual gobernador regional, Reynaldo Hilbck Guzmán.
Para ello dijo que se citará a todos los funcionarios que estuvieron a cargo del proyecto, se pedirá informes al Gobierno Regional, a la gerencia del Peihap, a los consorcios Camargo Correa, y Obrainsa-Astaldi; así como la Contraloría General de la República, entre otros.
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Cevallos Flores sostuvo que la situación incierta del proyecto genera frustración a los piuranos, por todos los hechos irregulares como el arbitraje que se perdió ante la empresa brasileña Camargo y Correa por un monto de 69 millones de soles, y también por el actuar sospechoso en los últimos días de los representantes del consorcio Obrainsa-Astaldi.
En ese sentido, consideró que hay una responsabilidad administrativa de parte de las autoridades y funcionarios del Gobierno Regional pues el abandono del proyecto demuestra que no hubo el más mínimo control de parte del consorcio supervisor, la gerencia del Peihap.
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“Esta obra es responsabilidad del Gobierno Regional, y la actual situación demuestra que no hubo el más mínimo control… en lo que respecta al arbitraje pareciera que hubo la intención de perderlo”, dijo.
La investigación estará a cargo de los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso quienes deberán presentar su plan de trabajo. Luego de la investigación el informe deberá ser aprobado por el pleno para remitirlo a las autoridades correspondientes para que inicien las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan.
