Fuentes de la Procuraduría Ad Hoc en el caso Lava Jato informaron a Cutivalú que los procuradores Jorge Ramírez y Silvana Carrión Ordinola estarán este miércoles 27 de noviembre en Piura cumpliendo una diligencia ante la Fiscalía especializada en corrupción de funcionarios que ve uno de los casos penales vinculados al Proyecto Alto Piura (PEIHAP), donde hay ex autoridades regionales investigadas por la adjudicación de esta megaobra a la empresa brasileña Camargo Correa, incluida en el caso Lava Jato.
EL CASO
Las investigaciones por presuntas irregularidades en el contrato para adjudicar el Proyecto Alto Piura iniciaron en el 2012, en la Fiscalía especializada en corrupción de funcionarios de la región. Allí se investiga a la firma Motlima –que hizo el primer expediente técnico del Peihap, con el que se licitó la obra– y a ex funcionarios del Gobierno Regional de Piura.
La acusación fiscal es por presunta colusión desleal agravada en el otorgamiento de la buena pro y en la elaboración del documento. Entre los imputados está el ex presidente regional César Trelles Lara, quien postuló al cargo por el Partido Aprista Peruano, cuando Alan García era presidente de la República.
La pieza central sobre la cual han girado desde entonces las investigaciones es el informe del ex congresista Juan Pari, difundido a fines del 2016, y el cual revela que hubo un perjuicio económico al Estado, debido a que el Peihap se licitó sin tener aún un expediente técnico definitivo, cuyas fallas nunca se corrigieron. Esto sucedió en el 2010, durante la gestión de Trelles Lara, quien entregó la buena pro a la brasileña Camargo Correa.
En el 2013, cuando Javier Atkins era presidente regional, se resolvió el contrato con Camargo Correa por algunas controversias económicas, que llevaron a arbitrajes, uno de ellos terminó favorable a la empresa a la que se le debió pagar más de S/ 64 millones.
El informe Pari, se llegó a la conclusión de que los dos ex presidentes regionales (Trelles Lara y Atkins) estuvieron involucrados en presuntas irregularidades durante la adjudicación del proyecto a Camargo Correa.
El documento también involucró en las presuntas irregularidades al ex gobernador regional Reynaldo Hilbck, quien durante el gobierno de Atkins, se desempeñó como presidente del directorio del Peihap (entre enero del 2011 y julio del 2013). En su gestión, se firmaron nueve adicionales de obra a favor de Camargo Correa por S/183 millones, cifra que representaba un 38,26% extra del valor total del proyecto.
