Entre enero y julio de este año, la Policía rescató a más de 1600 víctimas de trata en Perú. Más del 90% de sobrevivientes son mujeres y en la mayoría de casos, las situaciones de trata tienen como fin la explotación sexual.
Población vulnerable a la trata
En la Primera Encuesta Virtual para Personas LGTBIQ+, realizada en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 770 personas personas expresaron haber realizado trabajo sexual. De ellas, 130 indicaron haberlo hecho de manera forzosa.
La información recogida en esta encuesta fue el insumo principal para el estudio Una exploración a los factores que determinan la trata de población LGTBIQ+ en Perú, realizado por Álvaro Monge, Yohnny Campana y Katherine Sánchez (Macroconsult). Así, el estudio identificó que la orientación sexual y la identidad de género son variables importantes al considerar las probabilidades de ejercer trabajo sexual forzoso.
De acuerdo a los hallazgos, en esta comunidad, las mujeres trans son las más vulnerables a ejercer trabajo sexual de manera forzosa. Además, ser indígena o afrodescendiente, estar en situación de discapacidad o ser migrante, son condiciones que pueden incrementar su vulnerabilidad.
Prejuicios y estigmas en la lucha contra la trata
Cuando las sobrevivientes de trata son rescatadas, no basta con devolverlas a la misma situación (pobreza, exclusión, violencia) que las puso en manos de los tratantes. Se debe garantizar su reinserción al mercado laboral y a la sociedad con plenitud de derechos. Esa es una de las principales conclusiones del estudio Humanizando el sistema de atención integral: del discurso político a la defensa de los derechos humanos de las sobrevivientes (2022), de Carmen Barrantes, Ligia Alencastre, Claudia Farfán y Rosario Salazar, del Centro Bartolomé de las Casas (CBC), realizado como parte del proyecto CIES “No más mujeres invisibles”.
En base a entrevistas realizadas a mujeres sobrevivientes y a funcionarios del sistema de protección del Estado, las investigadoras identificaron que se responsabiliza a las víctimas, frecuentemente adolescentes, por haber terminado en una situación de trata al buscar “dinero fácil”.
Asimismo, se culpa a sus familias por haber sido negligentes con su cuidado. Por ello, el estudio plantea que el Estado asuma una reparación integral con las sobrevivientes luego del rescate, brindándoles oportunidades para el futuro. Ello implica asegurar su empoderamiento económico y la promoción de sus libertades.
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