Planta de oxígeno de Huancabamba que costó S/ 2 millones sigue inoperativa 

La Contraloría General determinó que la Dirección Regional de Salud de Piura (Diresa) adquirió una planta generadora de oxígeno medicinal por casi S/ 1 900 000 a un proveedor que no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas para el establecimiento de salud I-4 de Huancabamba y, pese a la necesidad de atender a los pacientes afectados con COVID-19, el equipo sigue inoperativo.

De acuerdo al Informe de Control Específico N° 009-2022- en agosto de 2021, la entidad compró mediante contratación directa una planta de oxígeno  pero la comisión de auditores evidenció que se otorgó la buena pro a un consorcio que no acreditó la totalidad de requisitos de cada componente de la planta. 

Además, los funcionarios de la Diresa otorgaron cinco días adicionales al plazo establecido en el contrato para el cumplimiento de la prestación. Esto a pesar que la ampliación de plazo no estaba sustentada de acuerdo a norma. Sumado a esto, el funcionario que aprobó esta ampliación no contaba con facultades para hacerlo y se omitió pronunciar por la segunda ampliación de plazo.

Sin funcionamiento

Asimismo, no advirtieron que las especificaciones solicitadas para la planta no eran compatibles con el grupo electrógeno adquirido previamente. También la entidad aprobó la regularización de la contratación directa sin tener las facultades para hacerlo, ya que debió efectuarse mediante acuerdo del Consejo Regional. 

De otro lado, el contratista no ha levantado hasta la fecha la totalidad de observaciones por lo que la planta se encuentra inoperativa. Es por ello que la Dirección Subregional de Salud Morropón Huancabamba suscribió un convenio con un tercero para el abastecimiento de oxígeno, causando un gasto de S/ 52 020,50.

El OCI de la Diresa identificó responsabilidad penal en tres funcionarios y exfuncionarios que desempeñaban labores en las áreas de Administración, Logística y Control Patrimonial. Además, determinó responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría contra estas personas. En otros dos funcionarios se determinó responsabilidad administrativa de entidad, entre ellos un exdirector general.

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