Piura: víctimas de violencia esperan hasta 8 meses para ser atendidos

Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo durante la presentación de un estudio al respecto.

Foto referencial.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego Azula, advirtió que las instituciones públicas, como los colegios, las comisarías, los centros de emergencia mujer (CEM), las municipalidades y las fiscalías no están trabajando adecuadamente para atender los casos de violencia.

Durante la presentación de un estudio al respecto, Orrego recordó que esas limitaciones impiden prevenir, atender y erradicar este problema, sobre todo en distritos con mayor incidencia, pues allí no hay servicios públicos especializados en esta materia.

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Por ejemplo, Orrego indicó que los Centros Comunitarios de Salud Mental, del Ministerio de Salud, vienen funcionando en zonas donde la incidencia de casos es menor.

Asimismo, en una muestra de colegios públicos de educación básica de Piura no se viene aplicando con rigurosidad los protocolos de atención de casos de violencia; lo mismo ocurre en las escuelas de educación básica alternativa, donde no tienen conocimiento de los protocolos y del sistema Siseve, una plataforma virtual para reportar estos casos.

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También se ha identificado que en Piura hay cinco refugios para albergar a mujeres víctimas de violencia, pero en total solo tienen a dos mujeres recibiendo acompañamiento. Lo mismo ocurre con los centros para recibir a niños y adolescentes, donde en total tienen a 221 menores en atención, pero tienen capacidad para 290.

Sin embargo, uno de los problemas más saltantes es la carencia de psicólogos en las fiscalías de familia, lo cual impide hacer las pericias a las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. “En el caso de Piura y Catacaos, las personas deben esperar hasta 8 meses para que les realicen las pericias psicológicas”, dijo.

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Asimismo, las comisarías carecen de personal capacitado; y de 10 comisarías visitadas en Piura, 9 no tienen la cantidad suficiente de vehículos, y seis no tienen el servicio de telefonía.

Por ello, Orrego Azula, invocó al Ministerio de la Mujer a gestionar el presupuesto necesario para atender como corresponde los problemas de violencia que se han convertido en el principal problema de inseguridad ciudadana en la región.