El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), lanzó en Piura la campaña “¿Somos Libres?”, junto a Cies y Centro Ideas, la cual plantea la importancia de acciones de reintegración social a sobrevivientes de la trata de personas.
La vocera de Promsex, Mary Querevalú, explicó que la finalidad de esta campaña es que se monitoreen acciones orientadas a combatir este delito, estipuladas en la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, publicada por el Ministerio del Interior en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“El objetivo de esta campaña es llamar la atención del Estado y las autoridades regionales y locales para que se monitoreen estas acciones que han sido planteadas en esta política nacional, frente a la trata de personas”, manifestó.
Querevalú señaló que la campaña también tiene el objetivo de brindar acompañamiento a víctimas de trata con la finalidad de facilitarles el acceso a servicios públicos disponibles para asegurar su reinserción en sus comunidades.
Asimismo, destacó la importancia de que el Estado intervenga para garantizar su rol como garante de derechos fundamentales y erradicar las economías que se basan en actividades ilícitas, que son utilizadas como fachada para la trata de personas con fines de explotación sexual.
Cifras preocupantes
La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas registra a mayo del presente año, 27 casos de este delito, lo que significa que cada mes, más de 5 personas, en su mayoría mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes, son captadas para ser prostituidas y explotadas sexualmente.
Según la PNP entre el 2019 y el 2020, en Piura se registró 15 casos. Por su parte el Ministerio Público registró en esos mismos años, 62 casos, 53 fueron en el Distrito Fiscal de Piura y 9 en Sullana. En el 2021, los casos registrados fueron 32. Mientras que, a mayo del 2022, ya hay 27 denuncias. Lo que evidencia una tendencia al aumento de los casos.
Esta situación se agrava por el progresivo número de ciudadanos y ciudadanas venezolanas refugiados o migrantes que ingresan a nuestro país, convirtiéndose en una población vulnerable con alta probabilidad de ser captada por mafias de tratantes.
De acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP) de Piura, las víctimas identificadas entre los años 2020 y 2021 son mayormente mujeres adolescentes, y se han identificado sobre todo a mujeres adultas de nacionalidad venezolana y ecuatoriana para el ejercicio de la prostitución.
