La Contraloría de la República dispuso la sanción de tres años de inhabilitación para Wilmer Rafael Eche Bereche y Fernando Anthony Santa Cruz Aguilar, dos funcionarios que, hasta el momento, continúan laborando en la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura.
En febrero del 2023, la Contraloría inició la investigación por la presunta comisión de las infracciones previstas en los numerales 9 y 13 del artículo 46° de la Ley 27785 en la obra Expediente Técnico del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en la Zona de Influencia del Canal Miguel Checa, Provincias de Sullana y Paita, departamento de Piura.
Se determinó que, en su condición de director del Programa Sectorial II de la División de Estudios y Proyectos de la Oficina Sub Regional de Infraestructura, Eche Bereche determinó y modificó el valor referencial y los TDR para la contratación, solicitando más de S/ 9 millones 508 mil 581, con precios vigentes a febrero de 2022, pese a que los precios actualizados a dicha fecha para la aprobación de los TDR y el valor referencial carecían de sustento técnico.
Wilmer Eche Bereche fue designado en el cargo de director de Programa Sectorial IV de la Dirección General de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura en agosto del 2023, con resolución N 659-2023-GR.
Por su parte, Santa Cruz Aguilar actuó de forma parcializada, al admitir, evaluar y calificar la oferta presentada por el Consorcio Checa Consultores; a pesar que dicho postor no acreditó la totalidad de los TDR contenidos en las Bases Integradas que el administrado elaboró como parte del Comité de Selección.
Además, le asignó al consorcio un puntaje adicional que no le correspondía, permitiendo que acceda a la evaluación económica y se beneficie finalmente con el otorgamiento de la Buena Pro.
Fernando Santa Cruz fue designado en el cargo de director de Programa Sectorial V, gerente regional de Infraestructura de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura; por resolución N°576-2023-GR.
La disposición de la Contraloría no tuvo efecto en estos dos funcionarios, pese a estas y otros hallazgos indicados en el informe de la Contraloría.
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