Cerca de 70 millones de soles sería el perjuicio económico ocasionado al Estado por presuntas irregularidades en 22 obras públicas de la región Piura. Así lo detalla el informe del 2015 a octubre del 2016 elaborado por la Contraloría General de la República y al cual tuvo acceso Radio Cutivalú. Según este diagnóstico regional, entre todas las presuntas irregularidades halladas en la investigación el monto sería de 69, 775,961.08 nuevos soles.
En total son 22 obras auditadas, en su gran mayoría las relacionadas con proyectos de agua y saneamiento, mejoramiento de la infraestructura de instituciones educativas y mantenimiento de vías. Entre las instituciones auditadas se encuentran, el Gobierno Regional de Piura, las municipalidades provinciales de Piura, Sullana, Morropón-Chulucanas, Ayabaca, así como las comunas distritales de Morropón, Tambogrande, Máncora, San Juan de Bigote, Catacaos, Los Órganos.
Asimismo Contraloría General de la República incluye a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau (EPS Grau) y la Universidad Nacional de Piura (UNP). Solo hasta octubre del 2016 se han realizado 76 auditorías y se han identificado un total de 61 responsabilidad penales entre las provincias de Piura, Sullana y Talara, las cuales involucran a 48 funcionarios.
Sin embargo, el 2015 se hallaron 409 responsabilidades penales entre Piura (248), Sullana (3), Ayabaca (132) y Morropón (32) en donde se involucraron a 175 funcionarios, considerando que un funcionario podría tener diversos tipos de responsabilidades. En relación a las responsabilidades civiles, el 2015 se registraron 126, involucrando a 81 funcionarios. Mientras que el 2016 hubo 42 responsabilidades civiles y 36 funcionarios involucrados.
Además, y de acuerdo al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) 2013 a agosto del 2016, se ha sancionado en primera instancia a 16 funcionarios y en el 2015 se emitieron 30 informes con responsabilidad administrativa que involucra a 202 funcionarios. Entre las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sechura, Sullana y Talara, se han generado 40 informes de Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) donde se han comprendido a 310 funcionarios, 170 están siendo procesados y 140 están pendiente de inicio.
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